La expansión territorial de los grupos armados en Colombia: un mapa de la violencia creciente
En las profundidades de la geografía colombiana, donde el Estado aún no logra consolidar su presencia, los grupos armados ilegales intensifican su avance. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla de la Guerra Fría en el continente, patrulla ríos y montañas con una disciplina que desafía el paso del tiempo. Según reportes de inteligencia y organizaciones de derechos humanos, departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo y Antioquia son hoy los escenarios donde estas estructuras fortalecen su control, aprovechando la debilidad institucional y la fragilidad de las comunidades. La imagen de guerrilleros armados navegando el río San Juan, capturada en 2017 por el fotógrafo Iván Valencia, sigue siendo un símbolo vigente de un conflicto que no termina. Allí, el ELN no solo mantiene su pie de guerra, sino que expande sus operaciones hacia zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal, actividades que financian su maquinaria bélica. La falta de una estrategia integral de seguridad ha permitido que estas organizaciones se consoliden en territorios donde la población civil queda atrapada entre el fuego cruzado y las promesas rotas de paz.
El fenómeno no es aislado. En el departamento del Cauca, por ejemplo, la presencia de disidencias de las FARC y del ELN se ha intensificado en los últimos dos años, con un incremento notable de acciones armadas y control social. Las comunidades indígenas y afrocolombianas, que históricamente han sido víctimas del conflicto, reportan restricciones a la movilidad, imposición de normas y amenazas constantes. Datos de la Defensoría del Pueblo indican que, solo en 2024, se registraron más de 300 alertas tempranas relacionadas con la presencia de grupos armados en zonas rurales, un aumento del 40% respecto al año anterior. Esta expansión territorial no solo responde a la búsqueda de rutas para el narcotráfico, sino también al control de economías ilícitas como la explotación de coltán y oro en regiones como el Chocó y Antioquia. La estrategia de estos grupos es clara: consolidar corredores estratégicos que conecten el Pacífico con la Amazonía, mientras el Estado colombiano lucha por implementar acuerdos de paz que siguen siendo letra muerta en los territorios más golpeados.
Reclutamiento forzado de menores: la crisis humanitaria que se agrava
Uno de los fenómenos más alarmantes que acompaña esta expansión es el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Según cifras oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía General de la Nación, entre 2023 y 2024 los casos reportados crecieron un 151%, pasando de 184 a 463 víctimas. Este incremento exponencial evidencia una estrategia deliberada de los grupos armados para renovar sus filas ante la baja de combatientes adultos debido a los procesos de desmovilización o las bajas en combate. Los menores son utilizados no solo como soldados, sino también como informantes, mensajeros y, en muchos casos, como esclavos sexuales. Cauca se erige como el departamento más afectado, con 214 niños y adolescentes arrancados de sus hogares, seguido por Putumayo (82 casos), Valle del Cauca (61), Antioquia (54) y Huila (52). La geografía del horror muestra que la mayoría de estas víctimas provienen de comunidades indígenas y rurales, donde la falta de oportunidades educativas y de empleo formal crea un caldo de cultivo para la cooptación ilegal.
Las causas de esta tragedia son múltiples y complejas. La pobreza multidimensional, que afecta al 35% de la población en estos departamentos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se combina con la ausencia de proyectos de vida para los jóvenes. En municipios como Buenos Aires en Cauca o Puerto Asís en Putumayo, la tasa de desempleo juvenil supera el 60%, y la cobertura educativa en secundaria apenas alcanza el 45%. En este contexto, los grupos armados ofrecen un salario, un fusil y un sentido de pertenencia que el Estado no ha podido proporcionar. Organizaciones como la COALICO (Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado) denuncian que el reclutamiento no solo es forzado, sino también inducido mediante engaños, promesas de dinero fácil o falsas ofertas de trabajo en ciudades como Cali o Bogotá. Las rutas del reclutamiento siguen los mismos corredores que las economías ilegales: desde la zona del Pacífico hasta la Amazonía, los menores son trasladados en condiciones inhumanas, muchas veces sin que las autoridades puedan intervenir por la falta de presencia institucional en las áreas más remotas.
Consecuencias para la seguridad regional y los desafíos del Estado
Este avance territorial y el reclutamiento masivo de menores tienen implicaciones profundas para la estabilidad de Colombia y la región. La expansión del ELN y otros grupos armados en departamentos como Chocó y Nariño no solo amenaza a la población civil, sino que también pone en riesgo los esfuerzos de desminado humanitario y de sustitución de cultivos ilícitos que se adelantan desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016. En Putumayo, por ejemplo, la fumigación de cultivos de coca ha sido reactivada, pero el control de los grupos armados sobre los laboratorios de procesamiento de cocaína sigue siendo absoluto. Expertos en seguridad consultados por este diario señalan que la falta de una política de defensa integral, sumada a la crisis política que vive el país, ha generado un vacío de poder que las organizaciones criminales llenan rápidamente. El ELN, con su estructura descentralizada y sus tentáculos en Venezuela, no solo resiste, sino que se fortalece, como lo demuestran los ataques a la infraestructura petrolera en Arauca y las masacres en la frontera con Ecuador.
Frente a este panorama, las autoridades colombianas han implementado medidas como la 'Operación Renacer' en Cauca, que ha logrado la captura de 45 cabecillas de grupos armados en lo que va de 2025, según informes de la Policía Nacional. Sin embargo, la sostenibilidad de estas acciones es cuestionable si no van acompañadas de una política social robusta. Los jóvenes reclutados no solo son víctimas; también son una bomba de tiempo social. Sin programas efectivos de desmovilización y reintegración, muchos de ellos se convierten en perpetradores o son reubicados en otras estructuras ilegales. La comunidad internacional, a través de organismos como la Unicef y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ha instado a Colombia a fortalecer la protección infantil en zonas de conflicto, pero los recursos destinados siguen siendo insuficientes. Mientras tanto, en las riberas del San Juan y en las montañas del Cauca, los fusiles continúan aceitándose, y la guerra que parecía terminar se reinventa, consumiendo a las generaciones más vulnerables en un ciclo de violencia que no encuentra fin.