En medio de declaraciones oficiales que cuestionan la transparencia del proceso electoral colombiano, el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un comunicado alertando sobre ataques cibernéticos a la plataforma de agendamiento de citas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ocurridos el 6 de marzo. Según el DNI, estos ataques formarían parte de una operación coordinada para extraer información sensible con el fin de alterar datos electorales en las elecciones del 31 de mayo.
“Estas acciones apuntan a la construcción de un lago de datos con información detallada de los ciudadanos para ser utilizada en la manipulación de reportes electorales.”
El mismo día, el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó auditar el código fuente y el software de escrutinio, que ha sido cuestionado por pertenecer a una empresa privada, Tomas Greg & Sons. Sin embargo, expertos aclararon que el proceso de escrutinio es complejo y cuenta con varias etapas y actores, como comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral, que utilizan software diferente.
El exregistrador Alfonso Portela explicó que los ataques a la Dian y a la Registraduría son escenarios distintos. La Registraduría está preparada tecnológicamente para soportar ataques masivos, como los registrados el pasado 8 de marzo, cuando su página recibió 300 millones de visitas simultáneas para bloquear su funcionamiento, sin éxito.
“El andamiaje tecnológico de la Registraduría está diseñado para sortear ataques en época electoral exitosamente.”
Martha Sánchez, experta en seguridad, afirmó que los resultados electorales se basan en registros físicos —formularios E-14— y que no existe voto electrónico, lo que hace inviable un fraude generalizado a través de ataques informáticos. Además, Rafael Páez, coordinador del semillero de ciberseguridad WhiteLab, señaló que el software de escrutinio es independiente, sin conectividad externa, lo que dificulta la alteración de resultados.
El debate se mantiene abierto, pero la evidencia técnica y los controles institucionales sugieren que el proceso electoral colombiano está blindado frente a intentos de manipulación digital derivados de ciberataques a plataformas ajenas al sistema electoral.