Un retiro que enciende alarmas
La ruidosa salida del general Erik Rodríguez de las filas del Ejército volvió a poner sobre la mesa una preocupación que ha sido constante en los últimos cuatro años dentro y fuera de los cuarteles: la necesidad de preservar a las Fuerzas Militares de cualquier intento de politización en un momento en que los grupos armados ilegales amplían su presencia territorial y fortalecen su capacidad de control en distintas regiones del país.
Aunque las lecturas sobre el retiro del oficial difieren, existe coincidencia en todos los sectores en que la Fuerza Pública debe mantener su carácter institucional, profesional y no deliberante. El debate se da en medio del deterioro del orden público y las tensiones entre decisiones políticas y evaluaciones estratégicas de los mandos militares.
Las declaraciones que desencadenaron la salida
Rodríguez, con más de 35 años de carrera y quien se desempeñaba como subjefe de operaciones conjuntas de las Fuerzas Militares, salió de la institución después de unas declaraciones en el Meta relacionadas con denuncias sobre presuntos procesos de carnetización de comunidades por parte de grupos armados ilegales. La coincidencia entre esas afirmaciones y su posterior retiro alimentó interpretaciones políticas, que fueron rechazadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El denunciar delitos, amenazas o cualquier afectación a la seguridad de los colombianos no solo es un derecho, sino un deber constitucional de los integrantes de la Fuerza Pública. Las decisiones relacionadas con nombramientos, traslados o retiros responden exclusivamente a necesidades del servicio y a criterios propios de la administración del personal. Bajo ninguna circunstancia constituyen represalias por el cumplimiento de funciones constitucionales.
Sin embargo, distintos sectores sostienen que las declaraciones del oficial aceleraron su salida, especialmente por haberse producido en medio de un ambiente marcado por las elecciones presidenciales. El episodio terminó conectado con una discusión más amplia sobre los cambios en la cúpula militar y policial.
80 generales y almirantes fuera desde 2022
Desde agosto de 2022 han salido de la Fuerza Pública 80 generales y almirantes, una cifra que ha modificado la composición del alto mando. Mientras algunos consideran que se trata de un proceso de renovación institucional, otros advierten interrogantes sobre la continuidad, la acumulación de experiencia y el mensaje que reciben los mandos frente a la exposición pública de sus diagnósticos de seguridad.
La confianza interna, en la mira
Entre generales en retiro consultados por EL TIEMPO, una de las principales preocupaciones es la confianza interna. Según explican, en algunos sectores se ha instalado la percepción de que ciertos análisis o advertencias pueden ser interpretados bajo una lógica política. “La institución es sagrada. Tiene que haber honor, dignidad, respeto y carácter”, señaló uno de los oficiales.
Otros retirados afirman que el ambiente de polarización ha generado prevenciones sobre lealtades, ascensos y permanencias dentro de la Fuerza. “Ya usted no sabía con quién hablar. Si era de izquierda o no era de izquierda dentro de la misma Fuerza Pública”, dijo uno de los generales consultados. Según esa visión, el principal riesgo es que los comandantes eviten expresar advertencias o apreciaciones operacionales por temor a eventuales consecuencias sobre sus carreras.
Voces militares activas: desacuerdos normales
Militares activos, por su parte, rechazan que exista una fractura interna. Sostienen que los desacuerdos y recomendaciones entre los mandos y el Gobierno forman parte de la relación histórica entre el poder civil y la Fuerza Pública. “Los comandantes siempre han aconsejado a los presidentes. Eso ha ocurrido en todos los gobiernos. Hace parte del ejercicio institucional”, explicó una fuente con experiencia en el mando.
Un debate que trasciende el caso Rodríguez
Dentro de esa discusión, la analista de seguridad Melisa Franco considera que el debate trasciende el caso particular de Rodríguez. “Lo que estamos observando trasciende el caso particular del general Erik Rodríguez y el debate de fondo es si en Colombia se está consolidando una tendencia en la que las apreciaciones estratégicas o de inteligencia que resultan incómodas para determinados sectores políticos terminan generando consecuencias sobre quienes las expresan”, afirmó.