Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), expresó este lunes su preocupación por la “dudosa constitucionalidad” del concepto de ‘prioridad nacional’ que Vox exige al Partido Popular en las negociaciones autonómicas. En un evento organizado por Fórum Europa Tribuna Mediterránea en Valencia, Lafuente reiteró que esta propuesta podría generar división y recordó que la prioridad debe ser recuperar el diálogo para aprobar los presupuestos de la Generalitat.
“Situaciones como esta nos llevan a lo de las dos Españas”, afirmó Lafuente, destacando el riesgo de polarización que conlleva la ‘prioridad nacional’ promovida por Vox.
La ‘prioridad nacional’ fue planteada la semana pasada en Les Corts mediante una Proposición No de Ley en la que se insta al Consell a solicitar al Gobierno que otorgue prioridad en el acceso y concesión de ayudas públicas a los nacionales. Esta propuesta se presenta en un momento clave, cuando se negocian los presupuestos autonómicos para el año en curso.
Lafuente subrayó que su verdadera prioridad es recuperar el diálogo y que se aprueben los presupuestos, rechazando los vetos en el proceso, pues considera que no ayudan a avanzar. Aseguró que, aunque no es jurista, la constitucionalidad de este concepto está en entredicho y pidió a los actores políticos que negocien con disposición a ceder.
Durante el evento, Lafuente también manifestó su apoyo a la regularización extraordinaria de personas migrantes, defendiendo la necesidad de mano de obra y la integración laboral como forma digna de inclusión social. Criticó además la falta de consenso político en torno a esta medida.
En otro ámbito, el presidente de la CEV lamentó la insuficiente coordinación entre administraciones en la recuperación de las zonas afectadas por la DANA, señalando que se priorizó la reposición de equipamientos sobre un proyecto industrial innovador y de inversión.
Por su parte, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, criticó la presentación inminente de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sin diálogo social previo, calificando la situación como un retroceso hacia modelos autoritarios.