Embargos afectan principalmente a grandes IPS privadas
Las medidas cautelares se concentran en aproximadamente 95 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de las cuales el 80% corresponde a grandes entidades privadas. Esta situación ha generado bloqueos en las cuentas bancarias de Nueva EPS y la retención de recursos, impactando directamente el flujo de pagos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos, lo que afecta a cerca de 5 mil prestadores que dependen en gran medida de la entidad.
Recursos inembargables retenidos por decisiones judiciales
La gravedad del problema aumenta debido a que los embargos recaen sobre recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los cuales son constitucional y legalmente inembargables según el artículo 48 de la Constitución y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001. Sin embargo, algunos juzgados, como el Primero y Segundo Civil del Circuito de Florencia y el Segundo Promiscuo Municipal del Circuito de Puerto Rico en Caquetá, han ignorado esta normativa, profundizando la crisis financiera que ya venía desde antes de la intervención.
Duplicación de embargos pone en riesgo la operatividad
El monto embargado ha experimentado incrementos significativos: pasó de $422.000 millones a $887.000 millones en noviembre de 2025 y superó los $2,1 billones en enero de 2026. Esto compromete la sostenibilidad financiera y operativa de Nueva EPS, que actualmente solo dispone del giro directo semanal para cumplir con obligaciones básicas, mientras sus recursos de tesorería permanecen bloqueados.
Nueva EPS toma acciones legales y busca apoyo institucional
Frente a esta crisis, Nueva EPS ha activado acciones jurídicas y financieras, además de establecer acercamientos con los jueces para liberar cuentas maestras que por ley son inembargables. La entidad también ha notificado a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES, solicitando medidas urgentes para frenar decisiones judiciales que podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema de salud y el derecho a la atención de millones de colombianos.