El próximo 25 de junio entrará en vigor una de las medidas clave de la reforma laboral colombiana: las empresas que tengan 100 o más trabajadores estarán obligadas a contratar personas con discapacidad. La iniciativa busca reducir la brecha de inclusión laboral en el país.
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) advirtió que uno de los principales riesgos para las compañías es interpretar de manera incorrecta la cuota exigida, lo que podría generar sanciones o incumplimientos involuntarios.
Uno de los principales riesgos es interpretar de manera incorrecta la cuota exigida.
La medida aplica a todas las empresas, sin importar su sector, que cuenten con una planta de personal igual o superior a 100 colaboradores. Se espera que esta normativa impulse la inclusión laboral de personas con discapacidad, un grupo históricamente marginado del mercado de trabajo formal.
Las organizaciones deberán ajustar sus procesos de selección y contratación para cumplir con el nuevo requisito legal. El CCS recomienda revisar detalladamente los porcentajes y condiciones establecidos en la reforma para evitar errores que puedan derivar en multas o procesos administrativos.
Con esta entrada en vigor, Colombia se suma a otros países de la región que ya cuentan con cuotas de inclusión laboral para personas con discapacidad, en un esfuerzo por garantizar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.