A pocos días de que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, llegue a la Casa de Nariño y tras su anuncio de eliminar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otras entidades, para evitar la "duplicidad de funciones y el despilfarro", Lourdes Castro, quien encabezó esa dependencia durante el actual cuatrienio, responde a quienes consideran que se trata de una entidad burocrática y explica por qué, a su juicio, su desaparición sería un error.
Un legado de cuatro años
En diálogo con EL TIEMPO, Lourdes Castro hace un balance de los principales legados de la Consejería, entre ellos el Plan Nacional de Derechos Humanos, una deuda de treinta años que ningún gobierno anterior había logrado sacar adelante, con una proyección a diez años, en seis componentes y doscientas acciones.
Además, destaca la creación del primer instrumento normativo para generar gobernanza en derechos humanos en contextos empresariales, y la estrategia de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados al margen de la ley. También se dio cumplimiento a varias medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los riesgos de trasladar funciones
Castro advierte sobre los riesgos de trasladar las funciones de la Consejería al Ministerio del Interior, una cartera que, asegura, no tiene la capacidad institucional para asumirlas. "El mayor desafío que seguimos teniendo como país es superar muchas de las graves problemáticas de derechos humanos que aún tenemos", afirma.
"No podemos dejar de mirar la situación de derechos humanos que hay en el país, las persistentes crisis humanitarias, y la importancia de fortalecer la aplicación del DIH. Son temas que cualquier gobierno, independientemente de su orientación política, tiene que asumir con seriedad y como prioridad: la garantía de los derechos humanos es una responsabilidad constitucional y un compromiso con múltiples tratados internacionales."
Un llamado al nuevo gobierno
Castro concluye con un llamado al nuevo gobierno para que no deje de mirar la situación de derechos humanos en el país y las persistentes crisis humanitarias. "El desafío como país es superar muchas de las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo", sentencia.