Un operativo sin precedentes: la flota fantasma de 4-72
La Contraloría General de la República emitió un duro informe sobre la gestión fiscal de Servicios Postales Nacionales S.A.S. (4-72), revelando 28 hallazgos administrativos, 17 de ellos con presunta incidencia disciplinaria. El caso más grave involucra la compra de 15 camionetas eléctricas que, tras una inversión de $2.835 millones, permanecen parqueadas, sin placas, sin registro en el RUNT y a la intemperie.
El impacto en la comunidad: vehículos que nunca rodaron
Según la auditoría, los vehículos fueron adquiridos con baterías de 40 kWh, cuando las especificaciones técnicas originales exigían una capacidad superior a 80 kWh para manejar los altos volúmenes de carga internacional en Bogotá. La Contraloría determinó que un funcionario alteró los estudios previos para reducir el requerimiento de batería, direccionó la invitación a oferentes vinculados y propició la recepción de vehículos con características inferiores. La empresa ya presentó la denuncia penal correspondiente.
Las cifras detrás del escándalo
- Contrato 334 por $2.835 millones para el proyecto 'Mejoramiento del transporte Fase II'.
- 15 camionetas eléctricas recibidas sin placas, sin tarjetas de propiedad y sin RUNT.
- Desembolso inicial de $425.250.000 (15 % del valor del contrato) sin convenio bilateral previo.
- Posible daño patrimonial estimado en $425.250.000 por la flota inservible.
- Déficit de $57.705 millones en 2025 por comprometer gastos superiores a los ingresos recaudados.
La Contraloría concluyó que la ejecución presupuestal fue calificada como 'no razonable' y la cuenta fiscal de la empresa no pudo ser aprobada.
Los otros frentes de la auditoría
Además del caso de las camionetas, la Contraloría encontró deficiencias en el recaudo de cartera (solo el 73 % de los ingresos presupuestados), inconsistencias contables, riesgos en litigios y provisiones, problemas en la administración del Servicio Postal Universal y debilidades en la atención de denuncias internas. El informe también advierte que 65 hallazgos de auditorías anteriores continúan sin corregirse.
La respuesta de 4-72 y las órdenes del ente de control
En su defensa, 4-72 argumentó que, por su naturaleza jurídica, no le es aplicable la Ley 80 de 1993 y que el fondo de la Unión Postal Universal (UPU) no contempla convenios bilaterales por escrito. Sobre la flota, aseguró que actuó de buena fe y que un funcionario modificó los estudios previos sin autorización, por lo que ya hay una denuncia penal. La Contraloría ordenó a la empresa presentar un nuevo plan de mejoramiento en un plazo de 15 días hábiles.