Un operativo contra el patrimonio ilícito
La Fiscalía General de la Nación ocupó un centro comercial, dos discotecas y un hotel en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima), bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos que, según las autoridades, harían parte del patrimonio de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa. La medida se tomó en el marco de una investigación por presuntos vínculos del cantante con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las pruebas que llevaron a la ocupación
Según el ente acusador, durante la investigación se estableció que el entonces cabecilla de esa estructura, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente habría utilizado a terceros para mover dinero e invertir en bienes con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Como parte de esa investigación, la Fiscalía hizo inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos e identificar que harían parte del entramado ilegal investigado.
La decisión del Tribunal y la compulsa de copias
Con base en esos elementos, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre los cuatro bienes. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron posesión de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. Además, EL TIEMPO conoció que la Fiscalía compulsó copias para que se investiguen los presuntos vínculos de Charlie Zaa con estructuras paramilitares.
Posibles delitos y consecuencias legales
El abogado Saúl León explicó que el cantante podría ser investigado por cuatro delitos: lavado de activos, testaferrato, enriquecimiento ilícito o concierto para delinquir, esto porque el caso está dentro de un proceso de extinción de dominio que busca que los bienes producto de actividades delictivas terminen en, por ejemplo, reparar víctimas. Esta ocupación de bienes obliga a la Fiscalía a investigar al cantante por los presuntos delitos que mencioné y, si es encontrado culpable, podría pagar hasta 30 años de cárcel.
Silencio del cantante y próximos pasos
La compulsa de copias implica que las autoridades deberán adelantar las actuaciones correspondientes para establecer si existen elementos que permitan determinar la eventual responsabilidad del cantante en los hechos que son materia de investigación. Hasta el momento no existe una decisión que lo declare responsable por estos señalamientos y el cantante, oriundo de Girardot, no se ha pronunciado.