La acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano contra el presidente Gustavo Petro por sus reiteradas denuncias de un supuesto fraude electoral sigue en firme. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento y abrió la puerta a la etapa probatoria del proceso, en la que será clave establecer cuáles son las evidencias en las que el mandatario sustenta sus afirmaciones.
Un intento de conciliación que no prosperó
La diligencia, dirigida por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, buscaba determinar si existía una fórmula de acuerdo entre las partes frente a los pronunciamientos del jefe de Estado sobre un presunto fraude, la manipulación del software electoral, irregularidades en los formularios y riesgos asociados al kit de votación. Sin embargo, el Tribunal dio por fracasada esta clase de conciliación y ordenó que el expediente continúe con el trámite ordinario.
Las contradicciones de la defensa presidencial
Una de las contradicciones ocurrió cuando el magistrado Lasso preguntó a la defensa del Presidente si el mandatario reconocerá los resultados de la segunda vuelta presidencial. La respuesta del abogado Alejandro Carranza fue ambigua. Por un lado, aseguró que las elecciones fueron especialmente transparentes, que contaron con mecanismos de control sin precedentes y que, precisamente por ello, las declaraciones del Presidente no afectaron la confianza en el sistema electoral. Pero, al mismo tiempo, sostuvo que el mandatario sí tendría pruebas de un fraude masivo y evitó responder de manera clara si reconocerá el resultado de los comicios.
"¿Dónde está, entonces, la alteración del orden público, de la moralidad administrativa o de la paz? La pretensión invoca como derecho colectivo el servicio público administrativo de la función electoral y que su prestación sea eficiente y oportuna. Y todos sabemos que fue prestada oportunamente y que, hasta donde se sabe, fue eficiente. El presidente de la República tiene unas observaciones, unas denuncias y unas demandas que se están formulando en Estados Unidos y en Colombia", dijo el abogado durante su intervención.
Frente al reconocimiento de los resultados de las elecciones, agregó: "¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? (...) Lo que ha sentido la defensa del presidente aquí es una falta constante de garantías, especialmente de parte suya, honorable magistrado. Lo digo con todo respeto. No tenemos garantías no solo porque vemos que hay un sesgo por parte del honorable magistrado, que no evalúa lo que dice la parte demandada, sino que solamente considera lo que dice la parte demandante y constantemente interrumpe, evita que se argumente y evita que se muestre".
Cruces y acusaciones durante la audiencia
La diligencia también estuvo marcada por un fuerte cruce entre los intervinientes. Carranza afirmó que el demandante "confabulaba" con la Procuraduría y otros participantes del proceso para actuar en contra del Presidente, lo que provocó que el representante del Ministerio Público solicitara compulsar copias contra el abogado por los falsos señalamientos.
Lo que viene: etapa probatoria
Con el fracaso del pacto de cumplimiento, el Tribunal deberá ahora decretar y practicar las pruebas solicitadas por las partes. En esa etapa será determinante establecer cuáles son las supuestas evidencias de fraude anunciadas por el Presidente, si fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes y cuál es su sustento técnico.