La paradoja entre austeridad y gasto en la Presidencia
En medio de un decreto de emergencia económica que impone ajustes fiscales y llamados a la austeridad, la Presidencia de la República aprobó millonarios contratos para eventos de fin de año. Un contrato revelado por Jairo Ladino, candidato a la Cámara, muestra una adición presupuestal de $1.500 millones para la vigencia 2025, destinada principalmente a la logística de eventos decembrinos donde el presidente Gustavo Petro será protagonista.
Contratos millonarios con la empresa estatal 4-72 generan dudas
El contrato fue firmado con la empresa estatal 4-72, que no está obligada a transparentar sus subcontrataciones, situación ya cuestionada en investigaciones previas. La Presidencia justificó la adición presupuestal tomando como referencia dos novenas realizadas en diciembre de 2024, cuyos costos superaron los 440 millones de pesos.
- Evento del 16 de diciembre de 2024: gastos por 401 millones de pesos.
- Novena del 23 de diciembre de 2024: gastos por 39 millones de pesos.
- Incremento del 2,14% en el presupuesto respecto a 2024, pese a la emergencia económica.
Contraste entre gastos presidenciales y atención a población vulnerable
El contraste resulta evidente al analizar la ejecución presupuestal en programas sociales. Según el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Igualdad, encargado de atender a habitantes de calle, ejecutó menos del 1 % de su presupuesto aprobado para 2025, con solo 58 millones de pesos usados de más de 8.200 millones asignados.
El mensaje que queda es demoledor: para el Gobierno Petro, la emergencia económica parece aplicar solo cuando se trata de exigir sacrificios al país, pero no para financiar la agenda y eventos del poder.
¿Cómo impactará esta contradicción en la confianza ciudadana?
La aprobación de gastos millonarios para eventos presidenciales en un contexto de crisis fiscal y limitados recursos para programas sociales plantea cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno. La incoherencia entre el discurso de austeridad y el manejo del presupuesto podría afectar la percepción pública y la credibilidad del Ejecutivo en la gestión de la emergencia económica.