La Paz Total bajo lupa: el Gobierno ratifica la verificación de acuerdos con las disidencias
En un giro que refuerza la arquitectura de la política de Paz Total, la jefa de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias ‘Calarcá’, Gloria Quiceno, defendió este miércoles como un acto de coherencia institucional la verificación ordenada por el presidente Gustavo Petro sobre la genuina voluntad de paz del grupo armado. En declaraciones exclusivas a Caracol Radio, Quiceno subrayó que la solicitud presidencial no solo se ajusta al marco constitucional y legal, sino que responde a la necesidad de garantizar que quienes se sientan a la mesa cumplan con lo pactado. La funcionaria enfatizó que la Paz Total no es una concesión unilateral, sino un proceso de corresponsabilidad donde cada gesto de distensión debe ser contrastado con hechos verificables en el terreno, especialmente en un contexto donde las comunidades han sido históricamente las más afectadas por la violencia.
La postura de Quiceno llega en un momento de alta tensión en la opinión pública, luego de que el presidente Petro manifestara dudas sobre la continuidad del cese al fuego bilateral con el EMC, tras denuncias de que la estructura armada no habría cesado actividades ilícitas como la extorsión y el reclutamiento forzado en regiones críticas como el Cauca y el Putumayo. Para la jefa negociadora, la verificación no es un acto de desconfianza, sino un mecanismo de transparencia indispensable para que los colombianos puedan medir el avance real de las conversaciones. “El presidente está actuando conforme a la Constitución y a la ley, y conforme a lo que él mismo ha planteado: los grupos que están en el proceso deben cumplir los acuerdos”, afirmó Quiceno, quien además recordó que el modelo de verificación ya ha sido aplicado en otros procesos de paz en el mundo, como en el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, y que su implementación en este caso busca evitar la repetición de errores del pasado donde la falta de seguimiento diluyó los compromisos.
Comunidades y autoridades territoriales: los actores clave en la verificación
Uno de los puntos más relevantes de la intervención de Quiceno fue su insistencia en que el proceso de verificación no puede limitarse a un intercambio de informes entre el Gobierno y la cúpula de las disidencias. La delegada propuso que la mesa de diálogo solicite formalmente la participación activa de las autoridades territoriales, especialmente de aquellas ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado, así como de las comunidades que habitan estos territorios. “Nuestra mesa va a solicitar que también se escuche a las autoridades territoriales, especialmente las que están en los territorios más conflictivos y las comunidades que la conforman”, declaró la funcionaria, en un llamado que busca descentralizar el proceso de paz y otorgar un papel protagónico a los actores locales, quienes a menudo son los primeros en detectar incumplimientos o avances en la reducción de la violencia.
Esta apertura a la participación comunitaria tiene implicaciones profundas en la legitimidad del proceso. De acuerdo con expertos en resolución de conflictos, la inclusión de las comunidades no solo aporta información de primera mano sobre la situación real en los territorios, sino que también genera un sentido de apropiación local del proceso de paz, reduciendo el riesgo de que los acuerdos sean percibidos como imposiciones desde Bogotá. En regiones como el norte del Cauca y el sur del Tolima, donde la presencia del EMC ha sido constante, los líderes sociales han denunciado repetidamente que el cese al fuego no ha detenido las amenazas ni el control territorial. Por ello, la verificación con participación ciudadana podría convertirse en un termómetro fiable para medir si las disidencias están dispuestas a transitar de una lógica de confrontación a una de desescalamiento real, algo que hasta ahora ha sido motivo de controversia entre analistas y organismos de derechos humanos.
Mecanismos de trabajo y hoja de ruta: reunión clave con el Consejero Comisionado
La jefa de la delegación gubernamental también adelantó que en los próximos días se reunirá con el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, para definir la ruta de trabajo y los mecanismos concretos que permitan ejecutar la verificación ordenada por el presidente. “Esta solicitud del presidente es al consejero comisionado, nos vamos a reunir con él y vamos a definir la ruta de trabajo, los mecanismos de trabajo, las instituciones que van a ser convocadas”, explicó Quiceno. Este encuentro será crucial para establecer qué entidades del Estado —como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica— serán llamadas a hacer parte del proceso, así como para diseñar un cronograma que permita presentar resultados en un plazo razonable, antes de que se cumplan los plazos del cese al fuego vigente, que actualmente se extiende hasta mediados de 2025.
La definición de estos mecanismos no es un detalle técnico menor. En anteriores intentos de verificación con grupos armados, la falta de indicadores claros y de metodologías participativas llevó a que los informes finales fueran ambiguos y poco útiles para la toma de decisiones. Quiceno parece consciente de este riesgo y ha puesto énfasis en que la verificación debe ser “transparente” y capaz de revisar “los hechos, los responsables, las consecuencias y si han afectado el cumplimiento de los acuerdos de paz”. Esto implica que no se trata solo de constatar si ha habido o no enfrentamientos, sino de evaluar el comportamiento integral de la estructura armada en aspectos como el respeto a la población civil, la suspensión de economías ilegales y la no interferencia en procesos electorales locales. La complejidad del desafío es mayúscula, pues el EMC no es una organización monolítica: está compuesto por varios frentes y bloques que operan con autonomía relativa, lo que obliga a un diseño de verificación territorialmente diferenciado.
Avances y desafíos: transformaciones territoriales frente a la necesidad de resultados medibles
A pesar del tono cauteloso, Quiceno reconoció que existen avances concretos en el marco de los diálogos, particularmente en lo relacionado con las transformaciones territoriales, un pilar de la Paz Total que busca mejorar las condiciones de vida en las comunidades mediante inversiones en infraestructura, salud y educación. Sin embargo, la funcionaria fue contundente al señalar que estos progresos no son suficientes para dar por sentado el éxito del proceso. “Es más que necesario hacer una verificación a fondo porque más que firmar un acuerdo la finalidad es que se cumplan y puedan ser medibles y verificables”, sentenció. Esta afirmación refleja un cambio de enfoque en la narrativa gubernamental, que pasa de celebrar la voluntad de diálogo a exigir resultados concretos y cuantificables, en sintonía con las críticas de sectores políticos y académicos que han señalado que la Paz Total corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones sin mecanismos de rendición de cuentas.
Las implicaciones de esta verificación trascienden el ámbito bilateral entre el Gobierno y el EMC. Un resultado negativo, es decir, la constatación de que las disidencias no han cesado sus actividades ilegales, podría llevar al presidente Petro a romper el cese al fuego y a replantear la estrategia de negociación, lo que generaría un retroceso significativo en la política de Paz Total. Por el contrario, una verificación positiva, respaldada por las comunidades y las autoridades territoriales, fortalecería la credibilidad del proceso y abriría la puerta a nuevas fases de negociación que incluyan desarme y reinserción. En cualquiera de los escenarios, la transparencia y la participación serán los ejes que determinarán si Colombia logra, esta vez, construir una paz duradera desde los territorios. Mientras tanto, la mesa de diálogos continuará su labor, pero bajo la sombra de una verificación que no admite medias tintas y que pondrá a prueba la voluntad real de todas las partes.