Un decreto que promete movilidad sostenible
El pasado 11 de junio, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0595, firmado por los ministerios de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo, con el objetivo de promover la creación de una nueva ensambladora de vehículos de turismo en Colombia, especializada en híbridos y eléctricos puros. La norma, de 26 páginas, busca orientar la política pública hacia la transformación productiva, la descarbonización y la movilidad sostenible.
Según el texto del decreto, los proyectos industriales centrados en vehículos híbridos enchufables (PHEV), de autonomía extendida (E-REV), eléctricos de batería (BEV) e híbridos completos (FHEV) requieren una inversión significativa en maquinaria especializada, automatización y software. Para facilitar su instalación, se crea el Régimen Jurídico Especial de Transformación y Ensamble (RTE-E), que permite el montaje final de vehículos con un aporte mínimo de labor industrial nacional.
Críticas por el bajo contenido nacional
El decreto establece que los vehículos llegarán al país soldados, armados en su mayoría y pintados, sin pagar aranceles. La integración de componentes nacionales es casi despreciable: arranca en un 2 % en 2027, 4 % en 2028, 6 % en 2029 y solo 8 % a partir de 2030. Entre las operaciones manuales obligatorias se incluyen colocar el capot, guardafangos, baterías y llantas, tareas que no requieren alta tecnología.
Es fomentar el ensamble sin ningún grado de integración nacional. El desarrollo de piezas y crear mano de obra en metalmecánica, plásticos y vidrios es nulo. Es una medida coja en su esencia fundamental.
Reacciones encontradas en el sector automotor
Fabio Sánchez, expresidente de Mazda Colombia, calificó la medida como una 'reacción tardía frente a México y Brasil' y señaló que los incentivos están enfocados en traer elementos, eludiendo la fabricación local. 'No tiene metas agresivas de contenidos nacionales y no promueve la transferencia tecnológica', afirmó.
Por su parte, Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, celebró la iniciativa como una oportunidad para el sector, destacando que 'el cambio de gobierno hace pensar en reglas más estables y seguridad jurídica'. En contraste, Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, advirtió que la medida 'podría desincentivar la inversión y generar impactos adversos en segmentos de mercado que han mostrado crecimiento'.
Desafíos de viabilidad y competencia internacional
El decreto concede cupos de 20.000 unidades para 2026 y 2027, de los cuales un 15 % deben ser eléctricos puros, una meta que expertos consideran casi imposible de alcanzar. Juan Camilo Vélez, presidente de Sofasa, señaló que 'el manejo de los componentes de las baterías con litio es muy complejo y requeriría una planta específica de alto costo'. Además, la competencia de productos brasileños, mexicanos y de países con TLC con Colombia, sumada a la exención de aranceles para vehículos electrificados, pone en duda la rentabilidad del proyecto.
Este proyecto difícilmente pasará de las intenciones porque el tamaño del mercado no da para hacerlo rentable. Las proyecciones de crecimiento de la demanda no son de esa dimensión.
Aunque el decreto establece un plazo de hasta tres años para que la empresa beneficiaria comience a operar, la falta de especificaciones técnicas sobre los vehículos a producir y la ausencia de garantías para la transformación del ensamble a manufactura real generan escepticismo. Gremios como Fenalco sugieren redirigir los beneficios hacia las empresas desarrolladoras mediante reducciones en el impuesto de renta, en lugar de aplicarlos directamente sobre los vehículos.