El ejército israelí ha establecido en el sur de Líbano una zona denominada “Línea Amarilla”, que busca replicar el modelo aplicado en Gaza para controlar territorios y mantener a Hezbolá alejado de la frontera. Esta línea divide la región en zonas bajo control israelí y otras bajo influencia libanesa, generando un área despoblada y en ruinas, similar a lo ocurrido en la Franja de Gaza.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado que la estrategia incluye la demolición completa de aldeas y viviendas para impedir que milicianos de Hezbolá se oculten, siguiendo el ejemplo de las destrucciones masivas de Beit Hanún y Rafah en Gaza, donde el 90% de las casas quedaron en ruinas.
Según denuncias de expertos de la ONU, este accionar constituye un desplazamiento forzoso y arbitrario de civiles, lo que es considerado un crimen de guerra. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul, alerta que estas operaciones apuntan a una limpieza étnica en zonas mayoritariamente chiíes del sur de Líbano, replicando la devastación de Gaza.
- Destrucción de más de 500 viviendas en los primeros días de la tregua.
- Más de 50.000 viviendas afectadas desde marzo, con más de un millón de desplazados en Líbano.
- Uso de empresas privadas que cobran por edificio derribado mediante explosiones controladas.
- Saqueos generalizados por soldados israelíes en hogares y negocios sin medidas disciplinarias.
- Control de la frontera con vigilancia mediante inteligencia artificial y drones.
- Expansión del control israelí hasta el yacimiento gasífero de Qana en el Mediterráneo.
La ‘Línea Amarilla’ abarca desde el Mediterráneo hasta la frontera con Siria, afectando a municipios de diversas confesiones religiosas, aunque las aldeas cristianas han sido excluidas del plan de despoblación tras presiones diplomáticas, especialmente del embajador estadounidense en Líbano.
El objetivo declarado por Israel es garantizar la seguridad plena de sus habitantes en el norte del país, aunque esta justificación abre la puerta a una ocupación prolongada y a una redefinición de fronteras que incluye demandas sobre el río Litani como nueva frontera, ampliando aún más el control territorial.
“El desplazamiento forzoso y arbitrario de civiles es un crimen de guerra, como lo es también la destrucción masiva de propiedad civil sin que lo justifique una necesidad militar.” – Ben Saul, Relator Especial de la ONU
Este escenario se desarrolla en un contexto de tregua formalmente vigente, pero que no ha impedido la continuación de operaciones militares, la destrucción sistemática de aldeas y el desplazamiento masivo de civiles, generando un impacto humanitario severo en la región y tensiones internacionales.