Un convenio que escondía una estafa millonaria
Un contrato para dotar a las bibliotecas públicas del departamento fue la estocada política para el exgobernador del Valle y uno de sus caciques, Juan Carlos Abadía. La Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar en segunda instancia la condena en su contra a 21 años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, luego de comprobar que el convenio para este fin fue amañado y utilizado para beneficiar a terceros.
Los detalles del entramado corrupto
El proceso se remonta al 29 de enero de 2010, cuando Abadía, junto con su entonces secretario de Educación, Eiber Gustavo Navarro Piedrahita, y la representante legal de la Fundación Calimío, Luz Delly Martínez Cárdenas, suscribieron el Convenio de Interés Público 0110 para dotar con material bibliográfico a 40 bibliotecas de escuelas y colegios de distintos municipios del Valle del Cauca.
Para fijar el valor del convenio, la Secretaría de Educación recibió tres propuestas para la adquisición de los libros. Una de ellas fue presentada por el Grupo Editorial del Pacífico por 1.000 millones de pesos; otra por Ediciones y Dotaciones Viejo Caldas, por 1.030 millones, y una tercera por la Fundación Enlace Colombia, también por 1.000 millones. Finalmente, el convenio se celebró por 1.072 millones de pesos, de los cuales la Gobernación aportó 1.000 millones y la Fundación Calimío otros 72 millones para cubrir gastos de logística, transporte y entrega del material.
Una cadena de intermediaciones que disparó los costos
Sin embargo, la investigación permitió establecer que el negocio se convirtió en una cadena de intermediaciones que disparó artificialmente los costos. La Corte encontró que Ediciones La Clave del Saber compró directamente los textos a las editoriales por apenas 182,5 millones de pesos. En consecuencia, los representantes de la Fundación Calimío, Ediciones Alfa y Omega y Editorial La Clave del Saber se apropiaron de 817,4 millones de pesos correspondientes a los sobrecostos generados por las sucesivas intermediaciones, sin que existiera justificación alguna para ese incremento en los precios.
La Corte concluyó que el convenio fue utilizado para evadir los procedimientos ordinarios de contratación y favorecer a terceros. Según el fallo, se acudió a la figura del convenio de interés público para saltarse la licitación, pese a que el objeto contratado debía adjudicarse bajo esta segura, según la Ley 80 o el estatuto de contratación.
Irregularidades en la contratación y falta de estudios previos
Además, el alto tribunal encontró que no se realizaron estudios previos serios, pues nunca se identificaron las necesidades reales de las instituciones educativas beneficiarias. Tampoco existió un verdadero estudio de mercado que sustentara el valor del convenio, situación que terminó generando los millonarios sobrecostos. A ello se sumó que el trámite contractual no fue publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y que la Fundación Calimío no acreditó la experiencia e idoneidad exigidas por la ley para la celebración de este tipo de convenios.
La decisión de la Corte y el beneficio de reclusión
La decisión fue proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En febrero de 2025, con el argumento de que es padre cabeza de familia, Abadía recibió el beneficio de reclusión en una cómoda infraestructura de la Policía. Contrario a la decisión de la Corte, que ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario, un juez de ejecución de penas lo envió al pabellón especial de la Escuela de Carabineros.
"Lo anterior implica, sin duda, una relación conmutativa entre las partes, no obstante que el acto jurídico se hubiera disfrazado con la apariencia de un convenio de interés público de aquellos que consagra el artículo 355 Superior", señaló la Sala.
Y agregó que la Gobernación podía satisfacer el objeto del contrato mediante un acuerdo de suministro de bienes y prestación de servicios, pero optó por utilizar el convenio de cooperación para eludir los procesos de selección objetiva del contratista, lo que derivó en la defraudación de los recursos públicos por la que fue condenado el exgobernador Abadía.