El Juzgado 86 de Bogotá precluyó parcialmente la investigación que había en contra de Lina Marcela Castillo, por una denuncia que había radicado Hollman Morris, gerente de RTVC, por los delitos de injuria y calumnia.
La decisión de primera instancia se tomó el martes durante una audiencia en la que la jueza a cargo del expediente indicó que cerraba la investigación por dos de los tres eventos que había expuesto Morris en su denuncia.
Los hechos que originaron el caso
Hace nueve años, Lina Marcela Castillo denunció al hoy jefe del sistema de medios públicos por un presunto acoso sexual y laboral que él había cometido contra ella. Ante ello, Morris tomó acciones contra la joven y la denunció en la Fiscalía, que alcanzó a acusarla.
La denuncia contra el gerente de RTVC del gobierno Petro se conoció el 28 de enero de 2019. Entre los señalamientos que había contra él se conoció el siguiente: supuestamente "además de las típicas frases por ir en falda (…) me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas". Para Morris, esos señalamientos lo difamaban y por eso radicó la denuncia por presunta injuria y calumnia, la cual llegó a la Seccional Bogotá de la Fiscalía.
Ese despacho alcanzó a llamar a juicio a Lina Marcela Castillo, lo que generó el rechazo de varias organizaciones feministas, que pidieron reevaluar el caso, ya que se estaba hablando de un supuesto acoso sexual y laboral en el que la mujer era la víctima.
La intervención de la Fiscalía y la decisión del juzgado
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, pasó el expediente a manos de Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Esta funcionaria analizó el caso y decidió que debía precluirse en favor de Lina Marcela Castillo, ya que las denuncias públicas que hizo la joven se enmarcan en el escrache.
La preclusión fue solicitada ante un juzgado, que valoró las posturas de Fiscalía, Procuraduría, la abogada de Castillo y la abogada de Morris, quien quería que se siguiera adelante el proceso. El martes durante la audiencia, la juez le dio la razón a la Fiscalía en dos de los tres eventos que componen la denuncia.
Según fuentes allegadas al caso, la juez avaló la hipótesis del ente acusador de que las manifestaciones públicas que hizo Castillo para denunciar el supuesto acoso sexual están cobijadas bajo el escrache. Eso sí, indicó que por el tercer evento se tenía que mantener vigente el expediente. El tercer evento trata de la versión que dio Castillo al indicar que el esquema de seguridad de Morris había intentado atropellarla supuestamente en su camioneta hace unos años. Según la jueza, se habría incurrido en una ligereza que habría perjudicado directamente al gerente de RTVC.
Apelaciones y próximos pasos
Todas las partes apelaron la decisión del juzgado. La Procuraduría, la fiscal Abadía y la litigante Ana Bejarano -abogada de Castillo-, solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá que precluya por todos los eventos esta investigación.
La decisión del Juzgado 86 es histórica para las mujeres colombianas porque reconoce que el ejercicio del escrache, conforme a los requisitos que para ello ha sentado la jurisprudencia, es una forma válida de denuncia que no puede suscitar un proceso penal. En especial que la Fiscalía debe observar con atención cómo se ejerce el derecho antes de decidir si procesa o no a una mujer por hacerlo. Mientras la justicia siga siendo un sistema patriarcal que no escucha a las mujeres, seguiremos ejerciendo y defendiendo el escrache. Esperamos que el Tribunal reitere esta protección para las mujeres.
A su turno, sobre la apelación que se interpuso, manifestó que buscará que la segunda instancia le dé la razón. "Lina ha sufrido siete años de violencia institucional, al enfrentar un proceso injusto en el que nunca se le tuvo en cuenta y es imprescindible que este martirio termine para ella", resaltó la penalista.
Por otro lado, este medio habló con Claudia Cristancho, abogada de Hollman Morris que apeló indicando que debe mantenerse vivo el proceso. "En primera instancia, la juez aceptó parcialmente la preclusión de la investigación. Quedamos a la espera de la decisión de segunda instancia. En consecuencia, el caso no ha terminado".
En las próximas semanas se conocerá el despacho al que le corresponderá analizar el caso en la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.