A nueve días de que Colombia elija al próximo presidente de la República, la seguridad y el acceso a la justicia se mantienen entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. El aumento de la violencia en distintas regiones del país, la expansión de estructuras criminales y la percepción de impunidad han convertido estos temas en algunos de los ejes centrales del debate electoral.
En ese contexto, un grupo de reconocidos académicos, exfuncionarios y expertos en seguridad presentó la “Declaración por la Seguridad, la Convivencia y la Justicia para que el próximo gobierno ejecute estas políticas en el marco del Estado de Derecho”, un documento que busca servir como hoja de ruta para el próximo gobierno y el nuevo Congreso.
Los firmantes y el diagnóstico crítico
Entre los firmantes se encuentran Hugo Acero, sociólogo y experto en seguridad y defensa; Jorge A. Mantilla, investigador; Jairo García Guerrero, exviceministro de Defensa; María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz; y Laura Bonilla, analista en seguridad y conflicto, entre otros especialistas.
Los expertos advierten que el país atraviesa un momento que califican como “crítico”. En el documento señalan que la inseguridad urbana y el crimen organizado continúan en ascenso y recuerdan que Colombia cerró 2025 con una tasa de homicidios de 27,8 por cada 100.000 habitantes, una cifra superior al promedio regional y muy por encima de los niveles globales.
Una política integral más allá de lo represivo
Frente a este panorama, sostienen que la seguridad y la justicia no pueden limitarse al control territorial ni reducirse a estrategias de carácter exclusivamente represivo. Por el contrario, plantean la necesidad de una política integral que combine acciones de seguridad, fortalecimiento institucional, prevención de la violencia y acceso efectivo a la justicia.
Uno de los puntos centrales de la declaración es la necesidad de que Colombia converse con sus vecinos para enfrentar fenómenos transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas y las economías ilegales que operan en las zonas de frontera.
Autocrítica y llamado al Congreso
La declaración también hace una autocrítica sobre la manera en que se han abordado estos debates en los últimos años. Según los expertos, el país ha privilegiado la confrontación política sobre la construcción de consensos y soluciones de largo plazo.
“En Colombia hemos privilegiado la confrontación política por encima de la construcción de soluciones”, afirman.
En ese sentido, cuestionan estrategias que, a su juicio, han demostrado limitaciones para enfrentar la criminalidad. Entre ellas mencionan las ofensivas militares y policiales sin instrumentos efectivos de sometimiento a la justicia, una política antidrogas enfocada principalmente en la erradicación y el número de hectáreas cultivadas, así como modelos de vigilancia que no han estado acompañados de programas sólidos de prevención.
Negociación y sometimiento como herramientas de Estado
Aunque el documento no menciona de manera explícita los actuales procesos de negociación con grupos armados, sí plantea que el Estado debe combinar distintas herramientas para responder a los actores ilegales.
“Un Estado maduro negocia con quien es posible negociar y somete a quien no acepta otra salida, pues la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda”, sostienen.
Los expertos también dirigieron un mensaje al próximo Congreso de la República, que iniciará funciones el próximo 20 de julio. Consideran que será necesario avanzar en reformas que doten al próximo presidente de nuevas herramientas legales y de política pública para enfrentar los desafíos de seguridad y justicia que enfrenta el país.
Una visión democrática y cercana a la gente
Según la declaración, cualquier estrategia futura debe estar basada en principios democráticos, respeto por los derechos humanos y fortalecimiento institucional.
“La visión de seguridad y justicia que proponemos se inscribe en los principios democráticos y en una perspectiva de desarrollo económico y social. Aspiramos a una seguridad y una justicia respetuosas de los derechos humanos y de la Constitución, eficaces y transparentes, técnicas y cercanas a la gente”, señala el texto.
“Colombia necesita una voz técnica, serena e informada que acompañe, interpele y proponga alternativas durante los próximos cuatro años”, concluye la declaración.