El próximo 25 de junio está previsto que empiecen los traslados de integrantes de grupos ilegales con voluntad de paz a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), áreas elegidas por el Gobierno para hacer el tránsito a la vida civil. Sin embargo, una solicitud allegada a los estrados judiciales podría interrumpir ese proceso.
El abogado Mauricio Pava le pidió al Consejo de Estado que suspenda de manera provisional la Resolución 471 de 2025, con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro creó las ZUT, que rigen para grupos como el 'Ejército Gaitanista de Colombia', la 'Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano' (CNEB), los 'Comuneros del Sur' y el 'Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente' (EMBF).
Como no ha recibido respuesta, Pava interpuso una tutela en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado para que no se presenten demoras. La acción fue admitida y pasó al despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, quien ordenó vincular a la Presidencia de la República para que siente su postura.
Esto va a permitir que el Consejo de Estado tome decisiones inmediatas. El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios, y no hay claridad sobre si van a entregar las armas, cómo va a estar la población, quiénes van a monitorear, quiénes van a hacer control gubernamental en los territorios.
Para Pava, una decisión rápida del Consejo de Estado permitirá mayor claridad sobre la gobernabilidad territorial en los próximos meses, especialmente en época de elecciones y con el cambio de gobierno previsto para el 8 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda asumirían la Presidencia.
La solicitud de Pava se suma a los cuestionamientos que han recibido las ZUT, pieza fundamental de la política de 'paz total' del gobierno Petro. La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha advertido que solo pueden crearse en etapas avanzadas de negociaciones que lleven a un desarme definitivo, y ha criticado el afán del Gobierno por instalarlas sin cumplir requisitos fundamentales.
Tras la admisión de la tutela, el Consejo de Estado deberá definir en los próximos días si falla a favor o no de Pava, quien también espera un pronunciamiento sobre su solicitud de anular la resolución que da vida a las ZUT.