La Xunta de Galicia lleva más de 15 años intentando ejecutar un proyecto para dragar la desembocadura del río Lérez, con el fin de mejorar la navegabilidad aumentando el calado de la ría de Pontevedra. Este proyecto contempla la extracción y vertido en alta mar de 500.000 metros cúbicos de lodos portuarios acumulados durante décadas.
El dragado, valorado en 12 millones de euros, ha generado gran controversia por su impacto ambiental, especialmente porque los residuos serán vertidos a menos de tres kilómetros del Parque Nacional Illas Atlánticas, un área con máxima protección ambiental integrada por las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.
Una treintena de colectivos, incluyendo cofradías de pescadores, productores de mejillón, ecologistas y el sindicato CIG, han presentado alegaciones solicitando mayor vigilancia ambiental y compensaciones económicas para los sectores afectados.
Portos de Galicia justifica el dragado argumentando que la pérdida progresiva del calado en el canal del Lérez limita la operatividad portuaria y pone en riesgo la seguridad marítima. El proyecto fue presentado inicialmente en 2010 pero se detuvo debido a la oposición por el vertido de residuos cerca de la isla de Tambo. En 2020 se retomaron los estudios y se definió un nuevo punto de vertido en alta mar, denominado 'zona B', aprobado por el Ministerio de Transición Ecológica.
El área de vertido está dentro de la Red Natura, específicamente en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Sin embargo, el informe ministerial concluye que el vertido no supondría una afección negativa significativa sobre los valores naturales del entorno.
- Los lodos se verterán a 2,93 km del límite marítimo del Parque Nacional Illas Atlánticas.
- Las manchas de turbidez se mantendrán a 5,9 km de Sálvora y 7,9 km de Ons.
- El impacto en las aves de la ZEPA será de corta duración y en un espacio reducido.
- Se implementarán restricciones de velocidad y maniobras para los barcos que transporten los residuos.
- Se considera que el impacto ambiental es poco significativo y compatible.
Los colectivos opositores alertan sobre la composición del material a verter, que contiene un 15% de finos y materia orgánica en gran cantidad, lo que podría favorecer la aparición de mareas rojas y dispersar contaminantes hacia la ría de Arousa.
El proyecto reconoce un impacto severo en los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra, que deberán suspender la actividad durante las obras. Se prevén medidas compensatorias económicas para el sector marisquero, aunque no se ha definido la duración exacta de la suspensión.
Pescadores y mariscadores exigen garantías para la cobertura económica de posibles daños en la producción de bivalvos y por el aumento de mareas rojas derivadas del dragado.
La oposición al proyecto se centra también en el punto elegido para verter los lodos, ubicado cerca de un antiguo vertedero submarino descartado previamente por su proximidad al Parque Nacional Illas Atlánticas.
Los colectivos que presentan alegaciones se oponen radicalmente al punto de vertido elegido y alertan sobre la dispersión de contaminantes y el impacto en la actividad pesquera y marisquera.