El presidente Gustavo Petro ordenó fortalecer las empresas estatales encargadas de la compra de oro extraído por mineros artesanales como parte de una estrategia para combatir la minería ilegal, que representa más del 80 % de la producción nacional y genera millonarias rentas criminales.
Sin embargo, las compañías públicas Metales Preciosos de Colombia (Meprecol) y CIJ Gutiérrez, transferidas recientemente al Ministerio de Minas, enfrentan serias dificultades financieras y operativas que ponen en duda su capacidad para ejecutar esta política.
Una empresa en crisis financiera
Un informe de auditoría revela que Meprecol solo tiene capacidad operativa para seis meses debido a una caída del 65 % en sus ventas en los últimos dos años, así como a deudas tributarias por 155.000 millones de pesos que no están reflejadas en sus estados financieros, lo que podría conducir a su liquidación.
Además, la empresa tiene gastos fijos elevados y depende de un único cliente, lo que limita su rentabilidad y pone en riesgo su sostenibilidad a corto plazo.
Sospechas de irregularidades en la operación
La auditoría también detectó posibles irregularidades en la gestión de Meprecol, como anticipos por aproximadamente 1.500 millones de pesos girados a cooperativas vinculadas al mismo gerente de la empresa, sin respaldo contable ni inventario físico que justifique estos movimientos.
Estas cooperativas estarían involucradas en la compra de oro de menor pureza y con trazabilidad deficiente, que luego se comercializaría como oro de alta calidad, facilitando su exportación y posible lavado de activos, según investigaciones periodísticas.
Situaciones similares se presentan en CIJ Gutiérrez, cuya información financiera es limitada y no ha permitido conclusiones claras sobre su estado.
El impacto en la lucha contra la minería ilegal
La minería ilegal en Colombia, controlada en gran medida por grupos criminales como el ‘Ejército Gaitanista de Colombia’, genera ingresos superiores a los 8.000 millones de dólares anuales y causa una grave devastación ambiental, contaminando ríos y ecosistemas estratégicos.
La propuesta de crear un monopolio estatal para la compra de oro busca recuperar el control sobre esta actividad y evitar que los recursos terminen en manos del crimen organizado, pero la crisis financiera y operativa de las empresas públicas dificulta su implementación efectiva.
Mientras tanto, las autoridades continúan enfrentando una batalla compleja para controlar la extracción ilegal y sus impactos sociales y ambientales.