Un estudio que expone las fallas del sistema
La destrucción de la Amazonia continúa avanzando a pesar de que Colombia cuenta con una de las normativas ambientales más robustas de América Latina. Esa es la principal conclusión de un estudio científico publicado por los investigadores Mark Ungar y Juan Corredor-García, quienes analizaron la aplicación de la Ley 2111 de 2021.
Los investigadores encontraron que las instituciones encargadas de combatir delitos como la deforestación, la minería ilegal y la apropiación de tierras enfrentan obstáculos estructurales que limitan severamente su capacidad de actuación.
Los obstáculos que frenan la justicia ambiental
- Falta de coordinación entre entidades gubernamentales y judiciales.
- Recursos humanos y financieros insuficientes para operar en territorios remotos.
- Corrupción y presencia de grupos armados que intimidan a funcionarios y comunidades.
- Procesos judiciales lentos que dificultan la sanción efectiva de los delitos.
Colombia cuenta con una de las legislaciones ambientales más fuertes de América Latina, pero enfrenta enormes obstáculos para hacerla cumplir en los territorios más afectados por la deforestación.
El llamado a una acción urgente
El estudio subraya que, sin una reforma integral que fortalezca la capacidad institucional y garantice la seguridad de quienes aplican la ley, la Amazonia seguirá siendo víctima de la impunidad. Organizaciones ambientales y comunidades indígenas exigen medidas concretas para cerrar la brecha entre la norma y su cumplimiento.