En un consejo de seguridad extraordinario a mediados de mayo, el general Erick Rodríguez advirtió que disidencias armadas estaban intimidando a ciudadanos en zonas rurales del Meta y Casanare. 'Se tienen evidencia de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a los ciudadanos', señaló entonces el oficial, en una denuncia que hoy resuena con fuerza tras confirmarse su salida del servicio activo.
La noticia de su retiro, tras más de tres décadas de carrera en la Fuerza Pública, ha desatado una ola de reacciones políticas. Mientras algunos sectores respaldan su labor y critican la decisión, otros piden investigar a fondo las presuntas presiones electorales que él mismo denunció.
Reacciones divididas en el espectro político
- Varios congresistas de la oposición expresaron su respaldo al general y cuestionaron su salida, calificándola como una represalia por sus denuncias.
- Desde el oficialismo, algunos voceros pidieron prudencia y señalaron que el retiro obedece a procesos administrativos internos, no a presiones externas.
- Organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Procuraduría investigar si hubo retaliaciones contra el oficial por alertar sobre la carnetización ilegal.
El general Erick Rodríguez cumplió con su deber al advertir sobre un riesgo electoral. Su salida no puede ser vista como un hecho aislado, sino como una señal de alerta sobre la independencia de las instituciones.
El caso ha reavivado el debate sobre la injerencia de grupos armados en los procesos electorales y la capacidad del Estado para proteger a las comunidades en regiones históricamente golpeadas por el conflicto. Mientras tanto, el general Rodríguez no se ha pronunciado públicamente tras conocerse su retiro.