Noticia Exclusivo suscriptores Los billones que el Estado puede arrebatarle al crimen con los minerales críticosFedesarrollo calcula que Colombia podría recaudar entre $ 10 y 19 billones hacia 2050.Los billones que el Estado puede arrebatarle al crimen con los minerales críticos Foto: Archivo Particular.Link Jesús Antonio BlanquicetSUBEDITOR DE JUSTICA18.07.2026 06:05 Actualizado: 18.07.2026 06:05 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Colombia enfrenta una carrera contra el tiempo por el control de los minerales que serán necesarios para la transición energética, la fabricación de tecnología y el desarrollo de sistemas de defensa. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea buscan reducir su dependencia de China, el país aparece entre las naciones con potencial geológico para convertirse en proveedor de cobre, níquel, niobio, tantalio y otros minerales estratégicos. Sin embargo, en esos mismos territorios ya se registran señales de contrabando, extracción sin control y participación de organizaciones armadas.La advertencia está contenida en el documento “Regulando para el Estado, no para el crimen”, elaborado por Fedesarrollo y Loom Strategy Centre. El estudio analiza las posibilidades fiscales de esta actividad, los vacíos institucionales y los riesgos de repetir el modelo que permitió que el oro terminara convertido en una fuente de financiación para grupos armados, redes de lavado de activos y estructuras dedicadas al contrabando.“Tenemos una ventana de cinco años para evitar que los minerales críticos se conviertan en otro motor de la economía criminal y lograr que sean un motor de desarrollo para el país”, explicó a EL TIEMPO Jairo García, investigador de Fedesarrollo.Los billones que el Estado puede arrebatarle al crimen con los minerales críticos Foto:Archivo Particular. La discusión no se limita a determinar cuánto mineral existe o qué empresas podrían explotarlo, el problema central es quién ejercerá el control sobre la cadena económica: el Estado, mediante títulos, licencias, impuestos y regalías, o las organizaciones criminales, a través de la extracción ilícita, el transporte clandestino, la comercialización informal y el lavado de recursos.El estudio lo plantea en estos términos: “Cada peso que captura el crimen organizado en la cadena minera es un peso que no se invierte en desarrollo. Capturar esa renta o cederla al crimen es una decisión de política”.La millonaria rentaLas proyecciones realizadas en el estudio indican que el desarrollo de los minerales críticos podría representar entre 10 y 19 billones de pesos en recaudo fiscal, calculados a valor presente neto. La estimación incluye regalías e impuesto de renta que podrían ingresar durante los próximos 15 años bajo diferentes escenarios de producción, inversión y crecimiento.Para construir esa cifra, los investigadores se apoyaron en las estimaciones de extracción ilícita de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), insumos recopilados en las mesas técnicas sectoriales realizadas, las cifras de producción y regalías reportadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y los microdatos de las aduanas a nivel de envio de la DIAN para evaluar las exportaciones. Estas fuentes se complementaron con un conjunto de estimaciones macroeconómicas y de precios internacionales elaboradas por Fedesarrollo, que sirvieron para contextualizar los resultados del modelo.Los billones que el Estado puede arrebatarle al crimen con los minerales críticos Foto:Archivo Particular. El escenario de 10 billones corresponde a una senda conservadora de producción y el cálculo de 19 billones supone que la actividad aumenta de manera progresiva, se habilitan proyectos formales y se adoptan decisiones regulatorias que permitan atraer inversión.“Los recursos proyectados representan cerca de siete veces la inversión anual del sector Defensa”, dijo Enrique Sanz Posse, investigador asistente Fedesarrollo, quien añadió que parte del dinero podría financiar al Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Minería, las autoridades ambientales y las instituciones responsables de vigilar, investigar y judicializar la extracción ilegal.Las regalías, además, llegarían a municipios y departamentos para financiar proyectos de agua, educación, infraestructura y desarrollo territorial. El impuesto de renta serviría para cubrir programas nacionales y ampliar la capacidad de las entidades encargadas de conocer el subsuelo.El cálculo, sin embargo, depende de decisiones que deben adoptarse antes de que aumente la presencia criminal. “El ciclo de un proyecto minero supera los diez años; por eso las decisiones deben tomarse ahora”, advirtieron los investigadores, quienes indicaron que la estructuración, exploración, entrega de títulos, licenciamiento ambiental, construcción de infraestructura y entrada en producción pueden tardar más de una década.El precedente del oroEl principal punto de referencia es la minería de oro, debido a que durante años, organizaciones armadas y redes criminales ocuparon zonas de extracción, instalaron maquinaria, cobraron porcentajes sobre la producción, controlaron el transporte y crearon mecanismos para introducir el mineral en mercados legales. Según las estimaciones recogidas por el estudio, durante 2025 el crimen organizado habría recibido entre 32 y 34 billones de pesos por la extracción ilícita de oro. Los recursos equivaldrían al 1,9 % del producto interno bruto y permanecerían por fuera del sistema tributario. “No puede pasar con los minerales críticos lo mismo que ocurrió con el oro en Colombia”, advirtió García.En el caso del oro, el control territorial es apenas uno de los componentes; una vez extraído, el mineral puede mezclarse con producción legal, ser registrado mediante documentos falsos, trasladarse entre municipios y llegar a comercializadores o exportadores. Después de abandonar la mina resulta más difícil establecer su origen ilícito.Una zona donde se realizaba extracción de minería ilegal. Foto:Cortesía Por esa razón, el informe propone alejarse de la persecución penal a trabajadores o de la destrucción de retroescavadoras, pues “hay que intervenir toda la cadena: comercialización, transporte, lavado de activos e investigación”.El documento resume el problema de la siguiente manera: “El crimen ya tiene participación en toda la cadena del oro y se diversifica hacia los críticos; el Estado aún no mide esa participación”.Las exportacionesUno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores apareció al contrastar los datos oficiales de producción y comercio exterior. Colombia no reportaba producción de coltán, niobio o tantalio desde 2020. Pese a ello, en 2025 se registraron exportaciones asociadas a esos minerales.“Encontramos exportaciones de coltán en 2025, aunque no existe producción reportada en el país”, indicó Sanz Posse y agregó que “las diferencias entre los registros de producción y las exportaciones son una señal de alerta que debe atender el Estado”.La inconsistencia abre varias preguntas: de dónde salió el mineral exportado, quién lo extrajo, cómo fue transportado y bajo qué documentos ingresó al comercio internacional. Otra posibilidad examinada es que parte del material provenga de Venezuela y sea trasladado a través de la frontera para salir posteriormente por puertos colombianos.El informe ubica a Guainía y Vichada entre las zonas que deberán recibir atención estatal. “Hoy sabemos que Guainía y Vichada serán departamentos estratégicos para estos minerales”, señalaron sus autores.La información disponible, no obstante, sigue siendo parcial. Los investigadores advierten que Colombia todavía no conoce con precisión dónde se encuentran sus reservas ni en qué cantidades. También podrían existir depósitos en las cordilleras y en otras regiones que aún no han sido caracterizadas.Minería ilegal en Antioquia Foto:EPM La falta de conocimiento no está limitada a los mapas geológicos, también alcanza a los operativos de la fuerza pública, la investigación penal y las decisiones judiciales. En distintas regiones se han anunciado incautaciones de toneladas de supuesto coltán. Sin embargo, en algunos casos lo decomisado corresponde a bultos de arenas negras que podrían contener trazas de varios minerales. Sin instrumentos técnicos resulta difícil establecer la composición, concentración, valor y procedencia del material.“No tenemos una legislación que permita catalogar adecuadamente estos minerales; técnicamente el coltán no existe, es niobio y tantalio”, señaló García.Esta dificultad puede afectar la cadena de custodia, la imputación de delitos y la valoración económica de las incautaciones. Un fiscal tendría que demostrar qué sustancia fue extraída, si su explotación requería autorización, cuál era su procedencia y cómo fue incorporada a una operación ilegal. El juez, a su vez, necesita elementos técnicos para evaluar la conducta investigada.El documento también examina el impacto de la extracción ilícita sobre las comunidades cuando la minería opera sin controles, contamina fuentes hídricas, modifica cauces, afecta suelos y desplaza actividades como la pesca, la agricultura y la ganadería.Al perder sus medios de subsistencia, habitantes de las zonas mineras terminan vinculados a la misma economía que provocó el deterioro. Los investigadores describen ese fenómeno como una actividad “absorbente”.“La minería ilegal se vuelve absorbente: destruye otras actividades económicas y termina dejando a las comunidades sin alternativas distintas a extraer minerales”, explicó Mariana Botero Restrepo, directora de Crimen Organizado de Loom Strategy Centre.Las organizaciones criminales pueden asumir varios papeles. En algunos casos controlan directamente la explotación. En otros cobran por permitir el ingreso de maquinaria, vigilan rutas, extorsionan a productores, compran el material o intervienen en su comercialización.Las comunidades, por su parte, no siempre conocen el valor de lo que extraen. En regiones apartadas, intermediarios adquieren minerales por precios inferiores a los del mercado internacional. “En muchos casos las comunidades venden minerales de alto valor como si fueran papas porque desconocen su verdadero precio”, expresó directora de Loom Strategy CentreGolpe a minería ilegal en Cauca. Foto:Archivo Por esta razón, el informe plantea que la relación con las poblaciones locales no debe reducirse a consultas realizadas al final de un trámite. Las comunidades tendrían que participar en la definición de los proyectos, la protección del ambiente, la distribución de beneficios y la vigilancia sobre la producciónEl debate ambientalEl análisis cuestiona la idea de que impedir la minería formal detiene automáticamente la explotación. En territorios con presencia de minerales, demanda internacional y control estatal limitado, la ausencia de proyectos legales puede abrir espacio para actores que no cumplen normas ambientales, laborales ni tributarias.El debate incluye la necesidad de proteger ecosistemas, reconocer los derechos de las comunidades y evitar que la presión por aumentar el recaudo acelere licencias sin información técnica. También requiere establecer qué zonas deben permanecer excluidas y en cuáles pueden desarrollarse proyectos bajo condiciones ambientales.Según la Brújula Minera citada por Fedesarrollo, el 69 % de los colombianos considera positiva la actividad minera, ocho de cada diez creen posible desarrollar una minería socialmente responsable y el 23 % respalda una prohibición completa.Rastro al mineralLas recomendaciones del informe parten de separar el tratamiento del oro y el de los minerales críticos. Aunque existen puntos comunes, las cadenas, los mercados y los riesgos no son iguales. La primera propuesta consiste en priorizar el conocimiento del subsuelo y la gobernanza de los territorios. La segunda plantea trasladar parte de la persecución penal hacia los comercializadores, exportadores y responsables del lavado de activos.También se propone simplificar la carga tributaria para conservar la competitividad de los proyectos legales; aprovechar la búsqueda de nuevos proveedores por parte de Estados Unidos y Europa; impulsar procesos de formalización minera con estructuras empresariales; crear alianzas permanentes con las comunidades locales; y consolidar un sistema de trazabilidad.El estudio también pide que el asunto sea tratado como una política de seguridad nacional y no únicamente como un tema del sector minero. Hacienda tendría que evaluar el recaudo; Ambiente, los efectos y restricciones; Interior, la relación con las comunidades; Defensa, el control territorial y las rutas; y la Fiscalía, la persecución de las redes financieras y comerciales.Jesús Blanquicet Subeditor Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles Conforme a los criterios de Saber más Temas relacionadosMineralesMinería ilegalEstados UnidosChinaExclusivo suscriptores SugerenciasBOLETINES EL TIEMPORegístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.Registrate
