El Consejo de Estado ratificó en segunda instancia una millonaria condena en contra del Distrito de Medellín, derivada de irregularidades en la adjudicación del contrato para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial de la ciudad en el año 2023. La decisión judicial obliga a la administración a pagar la suma actualizada de $2.496'725.674 al Consorcio Génesis, proponente que fue apartado injustificadamente del proceso a pesar de haber presentado la oferta más favorable.
El origen de la controversia: una licitación de más de $70.000 millones
El origen de la controversia se remonta a la licitación pública N° 70007451, un megaproyecto cuyo presupuesto oficial superaba los $70.000 millones. En su momento, el comité evaluador del Distrito recomendó adjudicar la obra al Consorcio Génesis al obtener el mayor puntaje. Sin embargo, la entonces secretaria de Suministros y Servicios, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, decidió apartarse de esta recomendación técnica.
Bajo el argumento de actuar con 'responsabilidad', la exfuncionaria solicitó un nuevo concepto a un revisor técnico de la Secretaría de Infraestructura Física. Este nuevo informe concluyó que la propuesta del Consorcio Génesis, que ascendía a más de $63.600 millones, presentaba un 'precio artificialmente bajo', es decir, que cobraba tan poco por la obra que ponía en riesgo su ejecución. Con base en este documento, se rechazó a Génesis y el contrato fue entregado finalmente al Consorcio Construcciones C-2023.
El alto tribunal concluyó que el Consorcio Génesis sí tenía cómo sostener sus precios bajos, pues uno de sus integrantes era accionista mayoritario de una planta de asfalto en Medellín, lo que le permitía eliminar intermediarios y abaratar costos, una ventaja competitiva legal que la administración ignoró por completo.
Las graves deficiencias metodológicas que llevaron a la nulidad
No obstante, el Consejo de Estado determinó que el informe utilizado para descartar al Consorcio Génesis contenía graves deficiencias metodológicas y matemáticas. Para justificar que los precios eran irrisorios, el revisor técnico comparó los costos de la mezcla asfáltica midiendo algunas en metros cúbicos y otras en toneladas, sin realizar la conversión obligatoria entre volumen y masa. Al hacer la conversión correcta, se demostró que el precio cobrado por el consorcio rechazado era no solo razonable, sino superior a los valores de referencia oficiales del Invías.
Por estas fallas, que vulneraron el principio de selección objetiva, se declaró la nulidad absoluta del contrato adjudicado. La sentencia también establece que la exfuncionaria Evelyn Tatiana Beltrán Sierra deberá pagar de su propio bolsillo más de $1.100 millones, equivalentes al 45% de la condena total, por su responsabilidad directa en la decisión de apartarse de la recomendación técnica sin justificación válida.