Tras la tormenta política desatada por los señalamientos de presunta corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro, hechos por su propia exmano derecha —la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez—, la exfuncionaria radicó una denuncia penal contra el primer mandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Se trata de un documento de 12 páginas en el que expone, uno a uno, los hechos por los que pide investigarlo por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia.
Las presiones por recursos y el nombramiento de Juliana Guerrero
Los hechos de los que habla arrancan con las presuntas presiones que, según Rodríguez, recibió por parte del Presidente para trasladar recursos del Fondo Adaptación al Ministerio de Hacienda. Según menciona en la denuncia, se trataba de dineros destinados a inversión social y la orden carecía de justificación técnica o económica.
La exdirectora del Dapre aseguró que los desacuerdos con su jefe comenzaron cuando se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo. Pese a esas advertencias, sostiene el documento, Petro insistió en su designación.
"La Dra. Rodríguez ubica los desacuerdos con el presidente Gustavo Petro en la época en la que se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), específicamente cuando se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes. Según el documento, la valoración realizada demostraba que Guerrero no cumplía los requisitos para el cargo, pese a que el presidente promovía su designación. Angie Rodríguez señala que, a pesar de haberle advertido sobre ese presunto incumplimiento, Petro insistía en su nombramiento, como es de conocimiento público"
Según la denuncia, esa negativa desencadenó una serie de episodios de maltrato. Rodríguez dice que fue víctima de agresiones psicológicas y de comentarios sobre su apariencia. Además, afirma que el Presidente le mostró desde su celular unos supuestos títulos académicos de Guerrero para respaldar su nombramiento, pese a que ella consideraba evidente la presunta falsedad de los diplomas. Aun así, señala que el mandatario "ordenó" la vinculación de Guerrero.
La denuncia también sostiene que Petro mantuvo un "particular interés en favorecer a la joven", no solo con su nombramiento como viceministra, sino también al mantenerla como representante de la Presidencia en el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar, pese a las advertencias sobre el presunto incumplimiento de requisitos. Finalmente, así quedó demostrado en la investigación que abrió la Fiscalía en su contra, que ya la llamó a juicio, y en la que se concluyó que sus títulos académicos eran falsos.
"De acuerdo con la señora Angie Rodríguez, la cercanía de Gustavo Petro con Juliana Guerrero era preocupante, pues el presidente no medía las consecuencias de las presuntas irregularidades que ordenaba con el fin de beneficiarla. Según la denuncia, además de no cumplir los requisitos para ser viceministra de Juventudes, difícilmente los cumplía para representar a la Presidencia de la República en el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar. Agrega que, pese a las advertencias de Rodríguez, Gustavo Petro nunca postuló a otra persona ni derogó el decreto, manteniendo a Guerrero en ese cargo"
La noche del 13 de enero y las amenazas posteriores
Otro de los hechos relatados hace referencia a la existencia de un grupo de mujeres cercanas al Presidente que acudían a distintas entidades para gestionar favores económicos y contratos.
Uno de los hechos más delicados, según el documento, ocurrió la noche del 13 de enero de 2026, un día antes de que Rodríguez saliera del Gobierno. Esa noche, Petro la señaló de ser "narcotraficante, paramilitar" y de sostener una relación sentimental con un supuesto paramilitar, afirmaciones que, dice, fueron hechas en voz alta dentro de la Casa de Nariño. Y, posteriormente, el mandatario la intimidó "recordándole su pasado como integrante del M-19".
La denuncia también recoge las declaraciones públicas de Rodríguez sobre la muerte del coronel Óscar Dávila. Allí afirma que varios uniformados le manifestaron que el oficial no se habría suicidado, sino que habría sido asesinado, y que esos hechos, según esas versiones, se habrían orquestado al interior de la Casa de Nariño.
Finalmente, Rodríguez asegura que, tras hacer públicas estas denuncias, ha sido víctima de amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones para que guarde silencio. También afirma que, ya como directora del Fondo Adaptación, recibió presuntas presiones de personas que identificó como integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para influir en decisiones relacionadas con el manejo de recursos.