Un balance de gestión con luces y sombras
El informe de empalme de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), correspondiente al periodo entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026, revela que la entidad incrementó su actividad de inspección, vigilancia y control sobre el sector de la seguridad privada. Sin embargo, llega al cambio de gobierno con una planta de personal congelada desde hace casi dos décadas, procesos judiciales y penales en curso, y una ejecución presupuestal que muestra rezagos frente a años anteriores.
Amenazas de muerte y llamado a fortalecer la entidad
El superintendente saliente, Larry Álvarez, reveló en entrevista que tanto él como la superintendente delegada para el Control, Kelly Iturriago, han recibido amenazas de muerte que, según las autoridades, estarían relacionadas con estructuras del ‘Clan del Golfo’ y disidencias de las Farc. "El conocimiento puntual que se tuvo era que incluso ya estaba dada la orden de asesinar, que incluso ya estaban pagos hasta los sicarios que nos iban, o que nos van, porque están pendientes de matarnos", afirmó. En ese contexto, pidió al gobierno entrante fortalecer la Superintendencia en lugar de reducir sus funciones o convertirla en una dependencia del Ministerio de Defensa.
El llamado y la invitación cordial más bien debería ser en el sentido de que aquí habría que poner los ojos y buscar cómo fortalecer la entidad, porque este es un sector que amerita realmente un control fuerte.
Una planta que no crece desde 2007
Mientras aumentó el número de vigilados y de actuaciones administrativas, la planta de personal permaneció congelada en 94 cargos desde 2007. Al cierre de la administración había 17 vacantes: dos en cargos de libre nombramiento y remoción y 15 en carrera administrativa, un incremento frente a las 10 existentes al inicio del gobierno. Durante el segundo semestre de 2025 se registraron 17 retiros voluntarios y, pese a ello, no se realizó ningún concurso de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
Cifras del sector y control de armas
De acuerdo con la Delegatura para la Operación, al cierre de 2025 había 281.999 personas acreditadas para trabajar en el sector: 220.807 vigilantes, 33.621 escoltas, 17.532 supervisores, 7.144 operadores de medios tecnológicos y 2.895 manejadores caninos. Otras 44.356 personas permanecían pendientes de acreditación. Además, el sector reportó 4.349 caninos vinculados a labores de seguridad.
En cuanto al control de armas, el informe de empalme aclara una cifra que generó controversia. En abril de 2025, el presidente Gustavo Petro afirmó que había 62.664 armas "de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene". Sin embargo, el documento muestra que ese número no corresponde a armas reportadas oficialmente como perdidas o hurtadas. De las 1.192 empresas autorizadas para portar armas, únicamente 222 (18,62%) reportaron novedades de armamento durante 2026 mediante el sistema RENOVA. En total fueron reportadas 291 armas perdidas o hurtadas.
- Entre 2022 y junio de 2026, la Delegatura para el Control tramitó 7.811 PQRS, realizó 724 visitas de inspección, abrió 4.367 expedientes y adelantó 14.865 actuaciones procesales sancionatorias.
- Se registraron 16.493 reportes de novedades delictivas contra el sector vigilado, principalmente hurtos a establecimientos comerciales, daños en bien ajeno y hurtos a residencias.
- La Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASCI) atribuye a la articulación con la seguridad privada resultados como 1.241 capturas, 112 armas incautadas, 385 vehículos recuperados y más de 14.300 emergencias atendidas.
Presupuesto con rezagos y procesos judiciales
El comportamiento financiero evidencia una disminución en la ejecución presupuestal durante 2026. Mientras el recaudo de recursos propios superó el 89 % en cada uno de los años anteriores, al 30 de junio de 2026 solo alcanzaba el 29,7 % de lo presupuestado para la vigencia. La ejecución de los gastos de funcionamiento también descendió hasta 61,65 %, y las reservas presupuestales constituidas presentaban una ejecución del 29 %. El Estado de Resultados muestra que, tras cerrar con balances positivos entre 2022 y 2025, la entidad registró al 31 de marzo de 2026 un resultado neto negativo de $4.577 millones.
El informe de empalme también reporta decenas de procesos judiciales activos contra la Superintendencia, principalmente por acciones de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa, además de más de 30 procesos penales por delitos como concierto para delinquir, cohecho, falsedad documental y fraude procesal. Entre 2022 y 2026, la Oficina Jurídica atendió 2.832 acciones de tutela, siendo el derecho de petición y el debido proceso los derechos más invocados.
Recomendación final del superintendente saliente
Es una recomendación muy respetuosa y muy formal al nuevo gobierno: creo que, antes que pensar en debilitar o suprimir la entidad, es al contrario, fortalecerla, y eso ayudará mucho a los temas de seguridad ciudadana, que entiendo, además, es uno de los temas que le importa mucho al gobierno entrante.