Tras el virtual hundimiento de la iniciativa en el Congreso, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció que el próximo 20 de julio volverá a radicar el proyecto de ley para reiniciar desde cero su trámite legislativo.
Logramos consensos, hicimos la tarea legislativa, pero desafortunadamente confluyeron muchos factores. No nos dieron los tiempos legislativos, el periodo electoral no ayudó y hubo presiones de diversos actores para que la ley ordinaria no se aprobara en los términos planteados por el Gobierno.
La administración de Gustavo Petro ya da por archivado el proyecto de Jurisdicción Agraria, pese a que contaba con mensaje de insistencia. La iniciativa fue apartada del orden del día del Senado luego de que el presidente de la corporación, Lidio García, promoviera una proposición para conformar una mesa técnica encargada de revisar los artículos más controvertidos.
La propuesta obtuvo respaldo mayoritario y, además de sacar temporalmente el proyecto de la agenda, permitió destrabar otras discusiones legislativas que permanecían represadas mientras se resolvía el futuro de la iniciativa. A pocos días del fin de la legislatura, la decisión dejó sin margen de maniobra al Gobierno.
El proyecto, incluido dentro de los compromisos del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc, busca crear tribunales especializados para atender los conflictos agrarios y rurales. Durante su paso por las comisiones primeras logró avanzar con acuerdos impulsados por el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pero terminó estancado en las plenarias por las diferencias alrededor del artículo 9, que fija las competencias de los tribunales agrarios.
Los sectores críticos sostuvieron que esa disposición otorgaba facultades excesivas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre los baldíos de la Nación y afectaba las garantías procesales. A ello se sumó la escasa presencia del Gobierno en las negociaciones de los últimos meses. Incluso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo una participación limitada en la búsqueda de apoyos para la agenda oficialista.
Aunque el Ejecutivo volverá a presentar la iniciativa en la próxima legislatura, Cuervo sostuvo que el trabajo adelantado deja aprendizajes y consensos construidos. “La Jurisdicción Agraria ya está creada, hay una reforma constitucional y una ley estatutaria. Nos falta la ley de procedimiento para que pueda empezar a operar el próximo año. Hubo muchas presiones y muchos intereses, pero el 20 de julio volveremos a insistir en estos proyectos que consideramos esenciales para el país”, afirmó Cuervo.