Alrededor de 127 organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos y más de 500 personas de la sociedad civil enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro para exigirle la firma inmediata del decreto que adopta la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos (PPIGLDDH). Advierten que, si el texto no queda firmado y publicado antes del cambio de gobierno, el próximo 7 de agosto, el proceso corre el riesgo de quedar reducido a un documento técnico sin ningún efecto jurídico.
Un llamado urgente desde la sociedad civil
La carta fue publicada el 28 de julio y la suscriben, entre otras, el Programa Somos Defensores, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU-546 de 2023 (Cosesu).
El riesgo de quedar en papel
Según explican las organizaciones, el documento técnico de la política y el proyecto de decreto fueron entregados el 19 de noviembre de 2025, tras dos años de mesas técnicas, encuentros territoriales y un seminario nacional de concertación con el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Desde entonces, sostienen, solo falta la firma presidencial para que la política entre en vigencia.
Medidas clave contempladas en el decreto
- Fortalecimiento de la respuesta institucional ante alertas tempranas.
- Implementación de medidas de protección que incluyan al núcleo familiar.
- Creación de una Mesa Nacional y territorial de Garantías para que los líderes sociales participen directamente en la formulación y evaluación de las medidas de seguridad.
Si el texto no queda firmado y publicado antes del cambio de gobierno, el próximo 7 de agosto, el proceso corre el riesgo de quedar reducido a un documento técnico sin ningún efecto jurídico.