La demanda de la Procuraduría General de la Nación contra el nuevo convenio para la expedición de pasaportes sigue su curso. Este miércoles, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el incidente de nulidad que había interpuesto la Casa de la Moneda de Portugal, uno de los actores clave en el polémico acuerdo.
Los argumentos del tribunal y la postura de la Procuraduría
El caso está a cargo del magistrado Élver José Muñoz, quien analizó los argumentos presentados por Portugal a través de su apoderado. El país europeo alegó errores en el procedimiento de notificación de la demanda, solicitando que se anulara el proceso. Sin embargo, el procurador delegado Marcio Melgosa, quien lidera la demanda desde el año pasado, insistió en que todo se había ajustado a la legalidad y pidió mantener activo el expediente.
El tribunal le dio la razón a la Procuraduría y concluyó que no hubo fallos en la notificación. Con esta decisión, se desestimó el incidente de nulidad y se ordenó continuar con el trámite judicial.
El trasfondo del convenio y la disputa con Thomas Greg
La controversia se originó cuando el presidente Gustavo Petro decidió sacar del negocio de los pasaportes a la multinacional Thomas Greg y suscribió un convenio con la Imprenta Nacional, en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal, para que esta última elaborara el documento oficial. La Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, demandó el acuerdo al detectar presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
Actualmente, en las distintas oficinas de pasaportes del país ya se expide el nuevo modelo de pasaporte, fruto de este convenio, mientras el litigio judicial avanza.
Próximos pasos: la medida cautelar en el centro del debate
Tras la negativa del incidente de nulidad, el tribunal concedió un plazo para la notificación de la decisión y el traslado a las partes. Ahora, la atención se centrará en la medida cautelar solicitada por la Procuraduría, que podría suspender temporalmente la ejecución del convenio mientras se resuelve el fondo del asunto.
El procurador Melgosa ha reiterado que la demanda busca proteger la legalidad y la transparencia en la contratación pública, mientras que los defensores del convenio argumentan que responde a una necesidad de modernización y soberanía en la expedición de pasaportes.