La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó abrir investigación contra el magistrado Rafael Chavarro, de una Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por el auto admisorio de una tutela que prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella usar el lema 'Firme por la patria' y lo obligó a retirar, en un plazo de 24 horas, toda la propaganda política que incluyera símbolos patrios.
Un fallo que generó controversia
La decisión del magistrado Chavarro desató una intensa polémica jurídica e incluso le costó una investigación disciplinaria, al considerarse, en principio, un fallo contrario a la ley. La Corte Suprema de Justicia admitió una tutela y ordenó suspender la providencia, argumentando que podría generar un daño irreversible al obligar al candidato a desmontar toda su estrategia publicitaria en un solo día.
El perfil del magistrado Chavarro
Rafael Chavarro es abogado laboralista de la Universidad Externado de Colombia. Fue litigante y llegó a la judicatura como magistrado por concurso. Pasó por los departamentos de Nariño y Boyacá y, finalmente, por Villavicencio, donde integró la Sala Civil, de Familia y Laboral y llegó a presidir el Tribunal.
En 2017 aspiró a ser magistrado de las Salas de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Es oriundo de Acacías, Meta, y antes de comenzar su carrera como abogado fue dirigente del Partido Conservador en Cubarral y diputado del Meta.
Aun si la decisión de fondo le resultara favorable y se concluyera que la orden cuestionada fue arbitraria, el efecto comunicacional y electoral de su cumplimiento inmediato sería irreversible, pues no sería posible restituir ante el electorado, en la antesala de una votación, una identidad de campaña que ya fue retirada y cuya imposibilidad de uso fue divulgada masivamente.
Las consecuencias de la decisión
Además de la investigación abierta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Corte Suprema de Justicia admitió una tutela y ordenó suspender el fallo del magistrado Chavarro, al considerar que esta providencia podría generar un daño irreversible, al obligar al candidato a desmontar toda la estrategia publicitaria de su campaña en un solo día.