El ambicioso plan de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), para construir una planta de importación de gas en La Guajira ha tropezado con un obstáculo regulatorio que podría complicar su desarrollo.
El muro legal que enfrenta TGI
El problema radica en la prohibición de integración vertical dispuesta en la Resolución Creg 057 de 1996, la cual impide que una misma empresa transporte gas natural y realice, al mismo tiempo, actividades de producción, comercialización o distribución.
Esta restricción se diseñó para evitar posiciones dominantes en el mercado y prácticas no competitivas. En la práctica, esto tiene una consecuencia compleja para TGI: la compañía no puede salir a vender el gas que pretende importar por La Guajira.
La empresa no puede firmar contratos con distribuidores ni con termoeléctricas para venderles gas natural; solo puede prestar un servicio de regasificación
Esto significa que, actualmente, TGI solo está habilitada para recibir el gas importado en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) para después inyectarlo a la red de transporte nacional.
¿En riesgo la viabilidad del proyecto?
La restricción regulatoria pone en duda el modelo de negocio de la regasificadora, que depende de la venta del gas importado para ser rentable. Sin posibilidad de comercializar directamente, el proyecto deberá buscar alternativas como asociaciones o cambios normativos que permitan sortear la barrera.