El ambicioso plan de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), para construir una planta de importación de gas en La Guajira ha tropezado con un obstáculo regulatorio que podría complicar su desarrollo.
El problema radica en la prohibición de integración vertical dispuesta en la Resolución Creg 057 de 1996, la cual impide que una misma empresa transporte gas natural y realice, al mismo tiempo, actividades de producción, comercialización o distribución.
Una restricción que bloquea la venta del gas
Esta restricción se diseñó para evitar posiciones dominantes en el mercado y prácticas no competitivas. En la práctica, esto tiene una consecuencia compleja para TGI: la compañía no puede salir a vender el gas que pretende importar por La Guajira.
“La empresa no puede firmar contratos con distribuidores ni con termoeléctricas para venderles gas natural; solo puede prestar un servicio de regasificación”, explicó el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, a EL TIEMPO.
Esto significa que, actualmente, TGI solo está habilitada para recibir el gas importado en una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) para después inyectarlo a la red de transporte nacional.