En respuesta a reclamaciones sobre propiedad minera
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) negó enérgicamente ser propietario de una mina de oro en La Mandinga, Caucasia (Antioquia), en un comunicado reciente. Esta mina ha sido reportada como estando muy cerca de una base militar del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional. Según los informes del The New York Times en su edición del 26 de abril, el EGC ha sido vinculado con la mina. A través de su comunicado, el EGC buscó proporcionar aclaraciones a los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre su supuesta participación en la propiedad minera.
El EGC destacó que los mineros civiles de la región, no ellos, explotan los yacimientos auríferos del Bajo Cauca Antioquia y de otras regiones. Según su argumento, la imagen desfigurada que el informe del New York Times proyecta sobre ellos, sugiere erróneamente que son los propietarios de estas operaciones mineras, en lugar de ser simplemente entidades civiles buscando ganarse la vida a través de la extracción de oro.
Negación de identidad con 'Ejército Gaitanista de Colombia'
Además, en un intento por desacreditar la idea de que están de alguna manera asociados con el 'Ejército Gaitanista de Colombia', el comunidado del EGC declara con vehemencia su disociación con dicho grupo. Según el EGC, esta es otra falsedad que ha sido publicada en los medios, empañando su nombre y asociándolos con una entidad que consideran denigrante. Este acto de desinformación se presenta como parte de una serie de tergiversaciones que, según el EGC, han estado circulando con commocionante frecuencia.
El EGC también dejó muy claro que no son los dueños de la minería ilegal ni de otras economías ilícitas. Según su argumentación, la realidad es que simplemente cobran un impuesto a estas actividades para garantizar la seguridad y mejores condiciones de vida a las comunidades que allí habitan, compensando la ausencia total de un Estado que se muestra indiferente a su suerte.
Debate aplazado sobre economías ilícitas
El EGC expresó además su preocupación y la necesidad de que se produzca un debate global en torno a las economías ilícitas, como la minería ilegal, y sugirió que necesita discutirse quiénes son los verdaderos beneficiados de su comercialización. Según el grupo, el oro debería ser incorporado a la economía legal para su monetización y abogó por la revelación de las redes que permiten esta economía ilícita. Sin duda, esta es una petición que cuestiona la narrativa de la criminalización a la que se enfrentan los grupos como el EGC y pide un mirada más profunda a cómo los vacíos legales y económicos permiten que las economías ilícitas prosperen.
En conclusión, el EGC quiere dejar claro que su lucha es por la dignidad y los derechos sociales del pueblo colombiano, contrapuesta a la atribución de actividades ilícitas que los vinculan con la minería de oro ilegal. Para ellos, es importante corregir esta narrativa y enfocar la atención en aquellos que se benefician verdaderamente de estas actividades ilícitas y en el Estado que, argumentan, ha abandonado a estas comunidades.