Economía

Soya-Maíz: Proyecto País: La estrategia para la soberanía alimentaria en Colombia

La iniciativa 'Soya-Maíz: Proyecto País' busca garantizar la seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos mediante la producción nacional de maíz amarillo y soya en la Altillanura, reduciendo importaciones y fortaleciendo la resiliencia del sector agroalimentario.

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Foto: La voz del país

Ante la creciente vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales y la alta dependencia de insumos externos, la iniciativa ‘Soya-Maíz: Proyecto País’ busca ser una apuesta estratégica para garantizar la seguridad alimentaria de 50 millones de colombianos. A través de un modelo de agricultura empresarial a gran escala en la Altillanura (Meta y Vichada), el proyecto busca fomentar la producción nacional de maíz amarillo y soya, reduciendo la necesidad de importar estas materias primas que hoy representan el pilar de la industria de proteína animal (huevo, pollo, cerdo y pescado) en el país.

La evolución del comercio de materias primas

Arturo Adolfo Dajud Durán, gerente nacional de la iniciativa, detalló los objetivos de este proyecto que surgió en 2020, durante la pandemia, ante la necesidad de fortalecer la resiliencia alimentaria nacional. La situación refleja un esfuerzo conjunto entre empresarios de alimentos balanceados y productores de proteína. Sin embargo, las cifras son contundentes: importamos 8,8 millones de toneladas. Producimos menos de un millón de toneladas de maíz tecnificado, y aunque en soya tuvimos una producción de 295.485 toneladas en 2024, permitiendo una reducción del 8,5 % en importaciones, la brecha sigue siendo profunda.

El origen y objetivo del proyecto

Surgió hace cinco años, en plena pandemia, cuando las cadenas globales se paralizaron. Un grupo de empresarios analizó qué sector agroalimentario era vital para Colombia y concluimos que el maíz y la soya son los pilares. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de 50 millones de personas, asegurando que la proteína de bajo costo —como el huevo, pollo y cerdo— no dependa de la logística internacional, que es un riesgo constante por conflictos o el cambio climático.

El modelo de trabajo y la integración de la cadena

Nos basamos en cuatro principios fundamentales: compra directa al productor, venta anticipada de una parte de la cosecha, fijación de precios en paridad internacional (Bolsa de Chicago/TRM más bases) y la entrega de grano seco con estándares de calidad. Estamos integrando toda la cadena, desde la producción primaria hasta la elaboración del alimento balanceado.

La Altillanura como zona estratégica

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) identificó allí cerca de 5 millones de hectáreas aptas. Históricamente, estos suelos se consideraban no aptos por su acidez, pero gracias a la transferencia de conocimiento de países como Brasil y al compromiso empresarial, hemos logrado transformarlos. Implementamos un sistema de rotación: soya en el primer semestre y maíz en el segundo. Hemos pasado de rendimientos bajos a alcanzar en algunos casos hasta 12 toneladas por hectárea, superando el promedio nacional.

Barreras para la producción masiva

  • Seguridad jurídica y física: Necesitamos marcos legales estables. Recomendamos una Ley Especial para la Orinoquía que redefina la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
  • Enmiendas agrícolas: La cal dolomita es vital para corregir la acidez del suelo y actualmente la oferta es insuficiente para las escalas proyectadas.
  • Genética: Requerimos materiales genéticos de soya adaptados al trópico para elevar los rendimientos.
  • Infraestructura: La conectividad vial entre Puerto Gaitán y Vichada es crítica para la salida de cosechas y el ingreso de insumos.

La meta ambiciosa del proyecto es desarrollar un millón de hectáreas para cada cultivo en el sistema de rotación. De lograrlo, Colombia alcanzaría el autoabastecimiento de estos insumos. Los estudios de Fedesarrollo indican que el desarrollo de 2 millones de hectáreas en la región para 2045 podría generar un impacto de $800 billones en valor presente neto y la creación de unos 54.000 empleos anuales.

De no resolverse los problemas estructurales mencionados, la expansión se limitaría a 350.000 hectáreas en cinco años, frenando el potencial de la Orinoquía para convertirse en un motor de desarrollo agroindustrial sostenible, capaz de realizar prácticas de agricultura regenerativa, como la fijación de carbono y la minimización de labranza, sin necesidad de deforestar corredores ecológicos.

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