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Comunidades del río Anchicayá vuelven a bloquear la vía a Buenaventura: exigen 200.000 millones en indemnización

Por tercera vez en menos de dos años, comunidades indígenas y afrodescendientes bloquean la vía a Buenaventura. Exigen el pago de una indemnización de 200.000 millones de pesos, ordenada por el Consejo de Estado en 2021, por daños ambientales de una hidroeléctrica. La Defensoría del Pueblo media en el litigio.

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Foto: La voz del país

Habitantes de los corregimientos 8 y 9 de Dagua, ubicados en la cuenca del río Anchicayá, bloquearon nuevamente la vía Buga – Buenaventura a la altura del sector El Gallinero. No es la primera vez que recurren a esta medida: en abril y mayo de 2025 ya habían cerrado la carretera para exigir el pago de una indemnización que, según ellos, sigue sin materializarse.

El reclamo de las comunidades

Los líderes de la zona aseguran que las comunidades afectadas aún esperan el pago de 200.000 millones de pesos, reconocido por el Consejo de Estado en una providencia del 10 de junio de 2021. La indemnización obedece al impacto ambiental causado por la construcción de una hidroeléctrica hace aproximadamente 25 años. Cerca de 1.600 personas estarían involucradas en el litigio.

"Exigimos el pago de ley por la indemnización reconocida en la providencia del 10 de junio de 2021 del Consejo de Estado", manifestaron los voceros de la comunidad, quienes denuncian "respuestas vagas, documentos sin fechas y sin compromisos reales".

La mediación de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo ha venido mediando en el litigio y sería la administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos, encargado de desembolsar los dineros. Sin embargo, la comunidad afirma que los pagos no se han completado y que las demoras persisten.

Bloqueos anteriores y afectaciones económicas

El 9 de abril de 2025, la comunidad bloqueó el mismo punto durante 10 horas. La protesta se levantó tras la mediación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y la Defensoría del Pueblo. En aquella ocasión, la gobernadora explicó que el litigio se originó por un desbordamiento del río Anchicayá y que tanto Epsa como la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) debían pagar una multa de 200.000 millones de pesos. No obstante, el Procurador Judicial habría presentado objeciones.

Los gremios del Valle del Cauca han mostrado su preocupación por los bloqueos. Según la Cámara de Comercio de Buenaventura, cada día de cierre de la vía representa pérdidas superiores a 10.000 millones de pesos en operaciones de transporte, almacenaje y demoras en exportaciones e importaciones. Además, afecta a más de 8.000 empleos vinculados a la cadena logística del puerto y reduce la capacidad operativa de más de 400 empresas.

Impacto en la cadena de suministros

La Cámara de Comercio de Buenaventura advirtió que los bloqueos generan retrasos en la cadena de suministros, con pérdidas de hasta el 30 % en productos perecederos de empresas agroindustriales del Valle del Cauca y Cauca, debido a la imposibilidad de tránsito oportuno.

La voz del país

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