Un informe de inteligencia exclusivo revela la grave devastación ambiental causada por la minería ilegal de oro en Colombia, que afecta a más de 94.000 hectáreas y contamina al menos 1.120 ríos con mercurio, poniendo en riesgo ecosistemas estratégicos como los del Amazonas, Mira, Atrato, Cauca y Putumayo.
La actividad criminal está dominada por grupos armados ilegales, que obtienen rentas superiores a las del narcotráfico, gracias a la alta cotización internacional del oro, que ronda los 162 dólares por gramo. Se estima que el 85% de la producción nacional de oro es ilegal, generando ingresos criminales de hasta 8.414 millones de dólares en 2025.
Modalidades de extracción ilegal y zonas de control
La minería ilegal se realiza principalmente en tres modalidades: minas a cielo abierto, minería de socavón y minería submarina o de dragado en lechos de ríos. El fenómeno afecta a 20 departamentos y 181 municipios, con seis enclaves mineros donde se concentra la explotación ilegal.
- Antioquia, sur de Bolívar y Córdoba: control del ELN, disidencias de 'Iván Mordisco' y 'Ejército Gaitanista de Colombia', con extracción mensual de 1.186 kg de oro y ganancias criminales de 47 millones de dólares.
- Chocó y Caldas: presencia del ELN y 'Ejército Gaitanista de Colombia', con 548 kg mensuales y renta ilegal de 21 millones de dólares.
- Cauca, Nariño y Valle del Cauca: dominio de disidencias de 'Iván Mordisco', 820 kg mensuales y 33 millones de dólares en ingresos ilícitos.
- Amazonas y Putumayo: influencia exclusiva de disidencias, con 374 kg mensuales y 15 millones de dólares en rentas.
- Guainía: presencia del ELN y 'Segunda Marquetalia', con ingresos aproximados de 9 millones de dólares.
- Boyacá, Santander y Norte de Santander: control del ELN y disidencias de 'Iván Mordisco', punto de interés en la expansión ilegal.
Impacto en la seguridad y resultados operativos
Las operaciones de las autoridades muestran un panorama mixto: las capturas por minería ilegal bajaron un 20% entre el primer trimestre de 2025 y 2026, mientras que la incautación de maquinaria pesada, como dragas, aumentó un 87%. También crecieron decomisos de drones, motores, bombas y plantas eléctricas, evidenciando la sofisticación y expansión de esta economía criminal.
Sin embargo, la reducción en incautación de combustible y medios de transporte, así como la disminución en bocaminas intervenidas, reflejan desafíos judiciales y operativos para frenar la minería ilegal, que continúa afectando la seguridad, el medio ambiente y la estabilidad económica regional.
“La minería ilegal ha evolucionado hacia un modelo de negocio estructurado que financia maquinaria pesada y amplía su impacto ambiental y territorial, a pesar de las acciones estatales.”