Hace 20 años Colombia daba un paso histórico en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Con la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto en tres causales: violación, malformación incompatible con la vida extrauterina y riesgo para la vida o salud de la mujer o persona gestante.
Dieciséis años después, el país amaneció con una nueva victoria para el movimiento de mujeres: la Sentencia C-055 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de manera libre y sin necesidad de justificación hasta la semana 24 de gestación. Aquella decisión judicial marcó un antes y un después. Sin embargo, cuatro años más tarde, el principal desafío ya no está en el marco jurídico, sino en el acceso efectivo.
La despenalización fue un logro, pero no cerró la brecha
El 21 de febrero de 2022 la Corte emitió la sentencia C-055 de 2022. El informe titulado ‘Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento’ presenta los avances y lo que falta. Esas barreras, señala la organización, no golpean a todas por igual, ya que son las poblaciones más vulnerables (migrantes, niñas y personas rurales) quienes más sufren los obstáculos de un sistema que aún no logra garantizar a todas las mujeres el mismo acceso.
El informe toma como base los 2.532 casos entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 que llegaron a asesoría a la organización. Si se cuenta todo el periodo desde 2006, La Mesa ha acompañado a 4.130 mujeres, pero es esta ventana de casi cuatro años, ya con el aborto libre hasta la semana 24, la que retrata mejor el presente. De esos 2.532 casos, en 1.360 (53,7 %) hay certeza de que el procedimiento efectivamente se realizó.
El dato que más preocupa: niñas y adolescentes
Se registraron 35 casos de niñas entre los 11 y 14 años. Dentro de ese bloque, las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años suman 430 registros (16,9 %), un grupo que, dice el informe, enfrenta 'mayores riesgos de estigmatización y maltrato'. Que casi una de cada cinco atenciones sea a una menor de 19 años muestra que siguen existiendo escenarios de vulnerabilidad para niñas y adolescentes.
El perfil general de las usuarias muestra una fuerte concentración entre mujeres jóvenes y adultas tempranas: las de 20 a 39 años representan el 44,5 % de los casos, y las de 15 a 19 años, otro 16,9 %. El restante 35,9 % de mujeres no aportaron información sobre su edad.
Cuando hay información oportuna, el acceso es más temprano
No todo son barreras. El informe muestra que cuando las mujeres reciben información y acompañamiento a tiempo, la mayoría accede a la IVE en las primeras semanas del embarazo. De las 1.360 mujeres que confirmaron haber accedido al procedimiento, 917 (67,4 %) lo hicieron antes de la semana 12. Otras 212 accedieron entre las semanas 13 y 20; 74 entre las 21 y 24, y 63 después de la semana 24.
Cuanto más tarda una mujer en obtener información clara, más se corre el riesgo de empujar el procedimiento a semanas más avanzadas, con mayor carga física, emocional y de riesgo clínico. Otro cambio positivo del período 2022-2025 es que la mayoría de los casos ya no requieren largos litigios legales: solo el 19,2 % necesitó acompañamiento legal.
Las barreras que persisten
La sentencia representó un avance gigante en los derechos sexuales y reproductivos, pero también trajo un reto inmenso: garantizar que cada mujer pudiera acceder de manera libre. Ese reto tiene hoy con desigualdades profundas, violencias basadas en género, fallas del sistema de salud, incumplimientos de entidades públicas y privadas, y desinformación.
Patricia es una mujer indígena de 20 años con 20 semanas de gestación; se encontraba afiliada a la EPS AIC para marzo de 2022, cuando buscó acceder a la IVE. Su embarazo era producto de violencia sexual. Al momento de acudir al hospital, le informaron que la EPS no autorizaba el procedimiento.
El caso de Patricia muestra la brecha entre la ley y la práctica. 'A pesar de que el aborto es libre hasta la semana 24, el sistema de salud sigue imponiendo requisitos ilegales como valoraciones obligatorias por psicología y trabajo social, afectando incluso a mujeres en etapas tempranas de gestación', señala el documento.