En una ceremonia que subraya la autonomía del poder judicial, la abogada Paula Andrea Ramírez Barbosa se posesionó este jueves como magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. El acto se realizó ante la Sala Plena de la corporación, y no ante el presidente Gustavo Petro, quien fue invitado pero no presidió la ceremonia, en línea con una tendencia que busca marcar distancia del Ejecutivo.
Un hito en la conformación de la Sala
Con la llegada de Ramírez Barbosa, la Sala de Primera Instancia queda integrada exclusivamente por mujeres, un hecho sin precedentes en la historia de este órgano, creado para juzgar a altos funcionarios aforados. La nueva magistrada ocupa el asiento que dejó Ariel Augusto Torres, quien cumplió su periodo constitucional de ocho años, el primero desde la implementación de la doble instancia.
Perfil y trayectoria de la nueva magistrada
Ramírez Barbosa, oriunda de Ibagué, es doctora en Derecho, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Su carrera ha estado ligada al sector justicia: fue delegada para los Derechos Humanos en la Procuraduría durante la administración de Alejandro Ordóñez, trabajó en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía General de la Nación. También se ha desempeñado como académica e investigadora. Antes de su elección, actuaba como conjuez de la Sala de Casación Penal de la misma Corte.
Los procesos que hereda
La nueva magistrada asumirá expedientes de alto impacto, como el del excongresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, relacionado con el presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, caso en el que fue absuelto en segunda instancia. También tendrá a su cargo el proceso contra el exgobernador de Nariño Camilo Romero, investigado por presuntas irregularidades en el contrato de licores del departamento, que habría aprobado entre 2016 y 2019.
Una posesión que marca precedente
La decisión de posesionarse ante la Sala Plena, y no ante el presidente de la República, sigue el ejemplo del magistrado José Joaquín Urbano en 2024, quien fue el primero en hacerlo tras la sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional. Esa sentencia permite a los magistrados elegidos escoger entre posesionarse ante la corporación que los eligió, ante el presidente o ante un notario. Otros magistrados, como Víctor Julio Usme Perea y Lina Marcela Escobar, también han optado por esta vía, en un gesto que refuerza la independencia judicial.