Tras meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación decidió llamar a imputación a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). El ente acusador pedirá que el procesado sea enviado a una cárcel mientras culmina la investigación.
El llamado a que Miguel Quintero responda en los estrados judiciales se da luego de que se conocieron públicamente graves señalamientos de supuesta contratación irregular en el AMVA, justo para la época en que su hermano era el alcalde de Medellín, Antioquia.
En distintos escenarios, tanto en audiencias como en conversaciones con testigos, la Fiscalía documentó cómo Miguel Quintero habría ayudado a favorecer ilícitamente la contratación del Área Metropolitana entre los años 2020 y 2021.
"La investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos. De acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos conocidos, un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación", explicaron fuentes de la Fiscalía.
La imputación, a realizarse en un juzgado de control de garantías, incluirá a Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA; Vanesa Álvarez Restrepo, entonces contratista; y Sebastián de Jesús Ortega Durán.
El escándalo en el AMVA
El caso de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es uno de los tantos que tiene en el radar la Fiscalía en relación a la administración de Daniel Quintero en La Alpujarra. El exalcalde fue incluso imputado por su supuesta participación en las irregularidades ligadas al lote de Aguas Vivas, en El Poblado, donde se planeaba construir un ecoparque pero se habrían presentado falencias en la entrega a privados del predio en cuestión. Ante tales señalamientos, el exmandatario se ha declarado siempre inocente, resaltando que las decisiones judiciales estarían permeadas por fines políticos.
En el caso de Miguel Quintero, el ente acusador le ha documentado diversas irregularidades en el manejo que se le dio al Área Metropolitana, con contratos aparentemente amañados para favorecer a terceros. Entre los beneficiados estarían integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, específicamente los exbomberos Misael Cadavid y Elkin de Jesús González.
Al parecer, ellos junto a la exsupervisora María Yaneth Rúa habrían sacado provecho personal con seis contratos por 17.656 millones de pesos, tramitados entre 2020 y 2021 con diversos objetivos como la entrega de kits de bioseguridad para atender la pandemia del covid-19. La cifra bajo la lupa se divide en contratos por 1.898 millones de pesos, 1.256 millones, 1.299 millones, 2.635 millones, 5.069 millones y 4.597 millones respectivamente.
En la investigación contra estos implicados apareció mencionado hace varios meses Miguel Quintero. En un chat destapado por la Fiscalía en una audiencia, se lee que la contratación sería "negociada con los señores Miguel Quintero Calle y Álvaro Alonso Villada -exfuncionario del AMVA- con el señor Misael Cadavid".
En un chat del 20 de febrero de 2020 entre Miguel Quintero y Álvaro Villada, el primero le dice al segundo: "Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá". La respuesta del exsubdirector fue: "Jaaaaaa. Esto aquí es muy demorado con la justicia. Hemos sacado unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo".
Los chats, los contratos y los testimonios que obtuvo la Fiscalía fueron claves para este llamado a imputación, que se deriva de una matriz de colaboración elaborada con los aportes que han dado algunos de los implicados en este escándalo.
La primera que decidió prender el ventilador para obtener una inmunidad total fue Laura María Mejía Higuita, exjefa del Programa de Unidad Logística. Esa ruta también la emprendieron el exjefe de bomberos de Itagüí Misael Cadavid, el exrepresentante legal Elkin de Jesús González y la exsupervisora del AMV María Yaneth Rúa. Todos han entregado datos a los distintos fiscales anticorrupción que han pasado por este expediente, actualmente en manos de la fiscal Magda Sofía Ramírez.