La guerra en Oriente Próximo ha puesto en máxima alerta a los bancos centrales del mundo. El aumento abrupto en los precios de la energía, impulsado por ataques a infraestructuras clave en la región, amenaza con trasladarse a la inflación global si el conflicto se prolonga.
Aunque las autoridades monetarias han decidido mantener sin cambios las tasas de interés en sus recientes reuniones, la situación podría cambiar rápidamente. En las últimas horas, el precio del gas ha llegado a subir más de un 30% tras ataques a la planta de gas licuado de Ras Laffan y a una terminal petrolera en el mar Rojo.
Irán ha manifestado su disposición a utilizar la economía como arma, con posibles ataques a infraestructuras energéticas y bloqueos en el estrecho de Ormuz, lo que incrementa la incertidumbre en los mercados.
La guerra ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento, haciendo las perspectivas mucho más inciertas.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha señalado que el conflicto genera riesgos significativos para la economía global, mientras que la Reserva Federal estadounidense mantiene la esperanza de que el impacto en los precios energéticos sea temporal.
La experiencia de 2022, cuando los bancos centrales demoraron la respuesta ante el choque energético derivado de la invasión rusa a Ucrania, ha servido de lección para actuar con mayor rapidez en caso de que la inflación se descontrole.
El conflicto ha aumentado la presión sobre la deuda pública y el costo para los países de financiarse en los mercados, afectando la estabilidad económica mundial.
Además del costo humano, la guerra impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos y en la actividad económica global. La Organización Mundial del Comercio advierte que el crecimiento del intercambio de bienes se frenará bruscamente debido a esta crisis.
Este daño autoinfligido, producto del ataque de Estados Unidos e Israel, amenaza con descontrolarse y generar consecuencias trágicas, según el secretario general de la ONU, António Guterres.