El 18 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional enviada por el presidente Nayib Bukele que permite imponer cadena perpetua a asesinos, violadores y terroristas.
La reforma modifica el segundo párrafo del Artículo 27 de la Constitución, que hasta ahora prohibía la prisión perpetua, argumentando que el sistema penitenciario debe enfocarse en la rehabilitación y prevención del delito.
“Veremos quién apoya esta reforma y quién defiende la prohibición constitucional para que asesinos y violadores permanezcan en prisión”, afirmó Bukele antes de la aprobación.
El cambio constitucional fue aprobado sin debate previo, con 59 votos a favor entre diputados oficialistas, aliados y dos opositores. El gobierno argumenta que la medida responde a la necesidad de castigar con mayor severidad a criminales peligrosos.
En paralelo, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma en el Congreso atacando duramente a las organizaciones de derechos humanos que denuncian violaciones bajo el estado de emergencia vigente desde hace cuatro años.
“Estas organizaciones defienden a criminales violentos, violadores, asesinos y terroristas. Su tiempo se acabó. Lo que hacemos es irreversible”, señaló Villatoro, rematando con un tajante: “Váyanse al infierno”.
La reforma llega tras la publicación de un informe de expertos internacionales que acusa al gobierno salvadoreño de posibles crímenes contra la humanidad bajo el estado de emergencia. Bukele respondió con una campaña en redes sociales y calificó a las organizaciones de derechos humanos como una amenaza que exige liberar a todos los miembros de pandillas capturados.
Históricamente, la Constitución salvadoreña prohibía la prisión perpetua, estableciendo una pena máxima de 60 años. Sin embargo, en diciembre de 2025, la Fiscalía anunció sentencias de hasta 1.000 años para miembros de pandillas, reflejando una política de mano dura.
Este giro legal y político marca un endurecimiento sin precedentes en la lucha contra la delincuencia en El Salvador, pero también genera preocupación internacional por la posible vulneración de derechos fundamentales y el respeto al debido proceso.