La Personería de Cúcuta se declaró en máxima alerta por la inminente llegada de un gran número de núcleos familiares desplazados desde el Catatumbo, región afectada por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en los municipios de Tibú y El Tarra.
“Son personas que están de un lado a otro y que en cualquier momento van a llegar a la ciudad de Cúcuta, en búsqueda de ayudas humanitarias y que hasta el momento nos ha tocado a nosotros asumirla”, expresó Ludy Páez, personera de Cúcuta.
La administración municipal reporta que la capacidad de atención está colapsada debido a la constante llegada de desplazados, quienes superan las 50 mil personas en los últimos meses sin una respuesta integral del Estado.
Impacto de los bombardeos en la zona rural
Los recientes bombardeos de la fuerza pública en las zonas rurales de El Tarra y Tibú, dirigidos contra campamentos del ELN y que neutralizaron a doce integrantes del grupo armado, han generado preocupación entre las comunidades campesinas por posibles desplazamientos masivos.
“Los ataques de la fuerza pública son de alta precisión. Sin embargo, la comunidad permanece preocupada y a la espera de pronunciamientos oficiales para tomar decisiones”, indicó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.
Aunque no se han reportado daños directos a viviendas o civiles, se proyecta el desplazamiento de comunidades de la vereda San Martín, zona rural de El Tarra, epicentro de los bombardeos.
Desplazamiento y confinamiento en aumento
Luis Fernando Niño, alto consejero para la paz en Norte de Santander, confirmó que al menos 40 núcleos familiares han salido desplazados, algunos incluso por tercera vez, y que la crisis humanitaria se agrava con confinamientos que limitan la movilidad de cientos de personas.
Según el último reporte del Puesto de Mando Unificado, más de 101 mil personas han salido desplazadas desde enero de 2025 hacia los cascos urbanos de Tibú y El Tarra. Además, 280 personas permanecen confinadas en la zona rural de El Tarra debido a entrenamientos militares.
Llamado urgente a un cese al fuego
Liderazgos sociales y organizaciones de víctimas exigen que los grupos armados declaren un cese al fuego para evitar más daños directos y colaterales a la población civil tras más de quince meses de violencia.
“Le hemos pedido al gobierno nacional que brinde condiciones de seguridad y explore mecanismos para cesar la guerra, garantizando que la comunidad pueda vivir tranquila en sus territorios”, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.
La crisis humanitaria y de orden público en el Catatumbo evidencia la falta de control social del Estado en la región, donde los homicidios, secuestros, desplazamientos y confinamientos continúan sin freno.