Dos generales y otros 25 exmilitares comparecerán los próximos 3, 4 y 5 de junio en Villavicencio, cara a cara con las víctimas, para reconocer su responsabilidad y pedir perdón por 209 homicidios de personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del caso 03, que investiga los llamados 'falsos positivos'.
Un plan criminal con tres patrones
La JEP identificó tres patrones criminales en los que exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas y del Gaula Militar del Meta asesinaron, en algunos casos en asocio con grupos paramilitares, a personas para hacerlas pasar como guerrilleros muertos en combate. Entre las víctimas hubo 10 menores de edad.
Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, los militares ejecutaron un plan criminal orientado a presentar como resultados operacionales homicidios que en realidad fueron perpetrados en combates simulados. El objetivo era generar una falsa sensación de seguridad, obtener beneficios profesionales y fortalecer la legitimidad institucional.
El perdón como requisito para beneficios jurídicos
Tras la imputación, y como requisito para acceder a los beneficios jurídicos contemplados en el Acuerdo de Paz, los 27 comparecientes deberán aceptar los hechos y reconocer su responsabilidad ante las víctimas. A la audiencia asistirán 88 víctimas, de un universo de más de 400 acreditadas en estos casos ocurridos en el departamento del Meta.
Durante las jornadas podrán relatar los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, sus familias y comunidades, así como presentar demandas de verdad y propuestas restaurativas que serán tenidas en cuenta en las siguientes etapas del proceso.
La responsabilidad de los generales
Para la JEP, la responsabilidad de los dos generales imputados no radica únicamente en los crímenes cometidos por sus subordinados, sino también en haber incumplido su deber de proteger a la población civil y ejercer un control efectivo sobre las tropas bajo su mando. Según concluyó, los oficiales tenían a su alcance medidas razonables para prevenir estos hechos, pero desde sus posiciones de mando actuaron con permisividad y dejaron de ejercer los controles necesarios para evitar, investigar y sancionar los homicidios.
Coautores de una estructura criminal
En cuanto a los demás comparecientes, exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas y del Gaula Militar del Meta, la Sala concluyó que actuaron como coautores de los crímenes. De acuerdo con la decisión, los militares hicieron parte de un acuerdo común que implicó una división de tareas dentro de la estructura criminal. Cada uno realizó aportes esenciales en distintas etapas de los hechos, desde la planeación y ejecución de los asesinatos hasta las maniobras posteriores para encubrirlos y presentarlos como bajas legítimas.