Lo que debía ser un regreso a clases lleno de alegría en el Urabá antioqueño se convirtió en una crisis tras el castigo físico impuesto a un líder indígena en el resguardo Chontadural Cañero, municipio de Mutatá. El hombre, padre de familia y líder comunitario, fue sancionado con un cepo por intentar abrir las puertas del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi para que 64 niños pudieran retomar sus estudios.
Este castigo, ordenado por el Gobernador Mayor de la comunidad, usa un instrumento de madera que inmoviliza al castigado y es considerado por organismos internacionales como una práctica degradante y contraria a los derechos humanos. Mientras tanto, las sedes educativas de Chontadural Cañero y El Silencio permanecen cerradas, dejando a los estudiantes en condiciones precarias fuera de las aulas.
- 55 estudiantes en Chontadural Cañero reciben clases en los pasillos expuestos al clima con solo dos docentes.
- 9 niños en El Silencio asisten a clases improvisadas en una casa de familia con un solo educador.
- La alimentación escolar está suspendida, aumentando la vulnerabilidad alimentaria de los menores.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el uso del cepo y llamó a los órganos de control para que revisen los límites de la autonomía indígena cuando afectan derechos fundamentales como la educación y la integridad de los niños. El mandatario destacó que nadie está por encima de la ley y urgió una intervención para proteger a la comunidad.
Este conflicto surge días después de diálogos entre las comunidades indígenas y la Gobernación, que buscaban cerrar brechas históricas en salud, infraestructura, vivienda y soberanía alimentaria. La situación actual evidencia los retos para armonizar la autonomía indígena con el respeto a los derechos humanos y la garantía del acceso a la educación.
Actualmente, la Defensoría del Pueblo interviene para mediar en la liberación del líder y la reapertura total de las clases, mientras la comunidad y las autoridades permanecen en una tensa espera.