Una acalorada Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se llevó a cabo este miércoles para discutir la medida cautelar impuesta por la magistrada Fabiola Márquez, que ordenaba suspender la publicación de las encuestas de AtlasIntel por posibles omisiones en estudios estadísticos. La medida no estaba en firme debido a un recurso de reposición presentado por los afectados, y el ambiente fue tenso por la decisión unipersonal de Márquez, que varios magistrados consideraron que debió ser sometida a la Sala Plena.
El debate que dividió al CNE
Durante gran parte de la sesión, los magistrados discutieron sin llegar a una votación. Un sector criticó que la magistrada Márquez actuara por fuera del pleno, mientras que ella defendió su decisión como ajustada a derecho. Ante la falta de acuerdo y la multiplicidad de casos contra AtlasIntel, los magistrados optaron por crear una subcomisión temporal que estudiará los procesos y el recurso presentado por Márquez.
Los cuatro magistrados que definirán el futuro de AtlasIntel
La subcomisión estará conformada por tres magistrados que ya tienen casos abiertos contra la encuestadora brasileña y un cuarto que no tenía ningún proceso previo. Los elegidos son las magistradas Fabiola Márquez y Maritza Martínez, y los magistrados Álvaro Hernán Prada y Altus Baquero. Maritza Martínez fue la primera en abrir una investigación, hace un mes, por encuestas publicadas en agosto y noviembre de 2025. Álvaro Hernán Prada abrió otra investigación por estudios de marzo, y Fabiola Márquez lo hizo por la encuesta de abril, en cuyo contexto emitió la polémica medida cautelar.
Los argumentos técnicos detrás de la cautelar
La medida cautelar de Márquez se basó en un informe de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE, que ya había solicitado en ocasiones anteriores la suspensión de AtlasIntel, sin éxito. La Comisión identificó seis hallazgos, el más grave calificado como crítico: la publicación de un sondeo como si fuera una encuesta. Además, señaló incumplimientos en la entrega de información, ausencia de declaración juramentada sobre aportes a campañas, inconsistencias en la identificación de candidatos y falta de preservación de datos por dos años.
Determina de manera concluyente que el estudio auditado corresponde metodológicamente a un sondeo y que la publicación de resultados de intención de voto derivados del mismo contraviene directamente la prohibición establecida en el artículo 3 de la Ley 2494 de 2025. Es un hallazgo reincidente, pues es la tercera ocasión en que AtlasIntel incurre en la misma práctica.
El informe concluye que se configura una situación de alta gravedad técnica e institucional, susceptible de medidas cautelares o sancionatorias. La magistrada Márquez subrayó que, pese a los requerimientos previos de la Comisión, la firma no modificó su metodología, lo que acredita que el riesgo es actual y vigente. La subcomisión ahora deberá estudiar el recurso de reposición y definir el futuro de la encuestadora en el país.