Exigencia de certificado electoral bajo amenaza de sanciones o multas; restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas; presencia de grupos armados en inmediaciones de puestos de votación; acompañamiento de electores hasta la mesa y registro de la opción marcada; y constreñimiento a comunidades indígenas. Todas estas, según un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, fueron algunas de las formas en las que se habría condicionado y coaccionado el voto durante las elecciones legislativas de 2026.
Un mapa de la zozobra electoral
El informe del Instituto de Ciencia Política (ICP) identificó 722 puestos únicos de votación en 42 municipios del país que presentan al menos tres señales electorales atípicas de manera simultánea. Estas señales incluyen patrones de votación anómalos, alta abstención en zonas históricamente participativas y denuncias de coacción. En total, se estima que 327.000 votos estuvieron bajo un entorno de zozobra, lo que representa una amenaza directa para la legitimidad del proceso electoral.
Las formas de coacción documentadas
- Exigencia de certificado electoral bajo amenaza de sanciones o multas económicas.
- Restricciones a la movilidad de personas vinculadas a campañas políticas, impidiendo el libre tránsito hacia los puestos de votación.
- Presencia de grupos armados en las inmediaciones de los puestos de votación, generando intimidación en los electores.
- Acompañamiento de electores hasta la mesa de votación y registro de la opción marcada, violando el secreto del voto.
- Constreñimiento a comunidades indígenas, limitando su participación autónoma en el proceso electoral.
El impacto en la confianza ciudadana
El ICP advierte que estas prácticas no solo afectan la integridad del voto, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. La entidad hizo un llamado a las autoridades electorales y de seguridad para investigar a fondo cada uno de los casos reportados y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Además, instó a los partidos políticos y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes para proteger la transparencia de los comicios.
La coacción y las restricciones a la movilidad son prácticas inaceptables que atentan contra la esencia de la democracia. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para asegurar que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin temor.