Colombia atraviesa uno de los litigios internacionales más delicados de los últimos años. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en noviembre de 2024, le notificó al país que había perdido un pleito jurídico en el que se le obligó a pagar USD 379 millones (aproximadamente $1,4 billones) al magnate español de las telecomunicaciones Telefónica, conocida en Colombia como Movistar.
Esta semana, específicamente el 3 y 4 de junio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) tiene cita en París (Francia) para presentar sus argumentos y buscar la anulación del expediente. El proceso se llevará a cabo en una audiencia presidida por un comité ad hoc del mismo Ciadi, el cual evaluará si, al final, Colombia será obligada a desembolsar los recursos.
El origen de la disputa: la cláusula 33
Para entender el caso hay que remontarse a los contratos de concesión firmados en la década de los noventa entre la Nación y Telefónica para la operación del servicio de telefonía móvil. En dichos acuerdos quedó consignada la cláusula 33, a través de la cual la empresa debía revertir a la Nación los bienes y activos utilizados para la prestación del servicio una vez finalizara la concesión.
Con el paso de los años, la interpretación de esa cláusula generó un fuerte choque entre el Estado colombiano y la compañía española. Mientras las autoridades nacionales consideraban que la reversión incluía infraestructura y activos físicos, Telefónica defendía que únicamente estaba obligada a devolver el espectro radioeléctrico asignado para operar.
El fallo del Ciadi y la defensa colombiana
En noviembre de 2024, el tribunal internacional falló a favor de Telefónica y concluyó que Colombia incumplió con el estándar de “trato justo y equitativo” frente a la inversión extranjera. Como consecuencia, ordenó el pago de más de USD 379 millones, además de intereses y costos derivados del proceso arbitral.
Tras esa decisión, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado promovió un recurso de anulación y consiguió inicialmente que se suspendiera temporalmente la ejecución del laudo. Sin embargo, en marzo pasado, el comité ad hoc del Ciadi levantó la suspensión provisional, habilitando a Telefónica para avanzar en la ejecución del laudo.
"Ambas partes han contado con la oportunidad de presentar al comité ad hoc dos escritos explicando sus argumentos. Por eso para la ANDJE la audiencia es fundamental. Es la oportunidad de presentar, frente a los miembros del comité ad hoc, los argumentos. Podremos absolver las preguntas que ellos tengan y explicaremos en una manera bastante detallada por qué el laudo debería ser anulado".
Un antecedente que alienta la defensa
La defensa colombiana mantiene la expectativa de anular el fallo arbitral, especialmente porque existe un antecedente casi calcado que terminó favoreciendo al país. En 2021, el Ciadi rechazó una demanda idéntica presentada por Claro, filial de América Móvil, relacionada también con una controversia sobre la reversión de activos en telecomunicaciones.
A pesar de las similitudes entre ambos procesos, expertos en arbitraje internacional han explicado que las diferencias entre los tratados de inversión suscritos por Colombia con México y con España podrían haber influido en que los tribunales adoptaran decisiones distintas frente a Claro y Telefónica.
Más que dinero: la seguridad jurídica en juego
Más allá del impacto económico que tendría una condena de esta magnitud contra el país, el caso también pone bajo la lupa la estabilidad jurídica de Colombia frente a los inversionistas extranjeros. El desenlace será observado de cerca por compañías internacionales interesadas en sectores estratégicos como telecomunicaciones, infraestructura y servicios públicos.