En una ceremonia desarrollada en el Auditorio de Audiovisuales de la Universidad de Costa Rica, en San José, el Estado colombiano ofreció excusas públicas a 'María G', una mujer que desde los 18 años ha resistido una de las historias más impactantes del conflicto armado en Medellín. El acto fue liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y contó con la presencia de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Óscar Parra.
Un acto de memoria sin rostro
Durante la ceremonia, la víctima no mostró su rostro. Su silueta se proyectaba a través de un telón, que luego fue acompañada de otras siluetas que la tomaron de la mano y la abrazaron, en un acto performativo que simbolizó el acompañamiento y la reparación simbólica.
Los hechos que marcaron su vida
En noviembre de 2002, cuando tenía 18 años, María G. fue interceptada de camino al colegio por seis sujetos encapuchados y armados, vestidos con prendas militares y brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La vendaron, la interrogaron sobre sus hermanos y su actividad como líder juvenil, y la estigmatizaron como guerrillera. Luego la llevaron a un lugar despoblado donde fue sometida a cortes con cuchillo, quemaduras de cigarro, golpes y violada por tres sujetos mientras el resto del grupo se turnaba. Finalmente, le marcaron el antebrazo con un cuchillo con las letras AUC.
La omisión estatal y el camino a la justicia internacional
Tras los vejámenes, María G. denunció los hechos ante la Fiscalía, pero el único avance procesal fue el reconocimiento médico legal. Ante la falta de respuesta, ella y su familia acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2009. En mayo de 2018, nueve años después, el organismo aceptó el caso para estudio, reconociendo posibles violaciones a los artículos 5, 7, 8, 11, 22, 24 y 25 de la Convención Americana.
Un acuerdo que evitó una condena internacional
El caso pudo haber llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Agencia de Defensa Jurídica logró un acuerdo de solución amistosa con María G. El Estado se comprometió a ofrecer excusas públicas y a reparar a la víctima. Aunque no se conocen los detalles del acuerdo, el acto de memoria en Costa Rica fue el primer paso para reconocer las graves fallas del sistema de justicia colombiano y la impunidad que ha rodeado este caso durante más de dos décadas.