Aunque se esperaba una decisión definitiva sobre la pérdida de investidura de David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el Consejo de Estado aún no resuelve ese punto. En su lugar, definió qué nuevas pruebas podrá revisar antes de tomar una decisión en segunda instancia.
El origen del proceso
El proceso nació por denuncias según las cuales Racero habría utilizado a un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pagado con recursos públicos, para realizar labores en un establecimiento de frutas y verduras de su propiedad en Bogotá. En febrero de este año, una sala del Consejo de Estado negó la pérdida de investidura al considerar que no estaba demostrada la causal alegada. Esa decisión fue apelada por los demandantes.
Pruebas admitidas y rechazadas
El magistrado Nicolás Yepes Correa resolvió cuáles pruebas sí pueden incorporarse al expediente antes de que se estudie la apelación. La principal decisión fue ordenar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remita las pruebas recaudadas dentro de la investigación penal que adelanta contra Racero por los mismos hechos. El Consejo de Estado consideró que ese material puede ser relevante porque corresponde a hechos y actuaciones surgidos después de la etapa probatoria de primera instancia.
- Pedir a Meta información sobre conversaciones de WhatsApp entre Racero y su exfuncionario, por no cumplir requisitos legales para segunda instancia.
- Practicar un peritaje para comparar voces de audios divulgados por la prensa con las de Racero y Jhon Leonardo García Lara, al no encajar en los casos excepcionales permitidos.
- Escuchar como testigo a Mariana Hernández Aranda, porque esa declaración pudo solicitarse en primera instancia.
- Repetir pruebas ya rechazadas y ordenar un nuevo análisis forense de la DIJIN sobre los chats, debido a que la Policía explicó que no podía verificar su autenticidad sin los dispositivos originales y la cadena de custodia.
Próximos pasos en el caso
Con esta decisión, el expediente seguirá su curso. Primero se incorporarán las pruebas que envíe la Corte Suprema y, una vez analizado ese material, el Consejo de Estado decidirá si confirma o revoca la sentencia que, en primera instancia, negó la pérdida de investidura de David Racero.