Un nuevo capítulo judicial para el senador condenado
El Consejo de Estado admitió una demanda que pide la pérdida de investidura del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien fue condenado en primera instancia a 23 años de cárcel por su participación en el escándalo de corrupción conocido como 'las marionetas'. La demanda busca su 'muerte política' por presunta indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias.
Los detalles de la admisión de la demanda
En abril pasado, el alto tribunal había inadmitido la demanda por vicios de forma, entre ellos la acreditación de la condición de congresista de Ramírez para 2021, año en el que ocurrieron los hechos del escándalo de corrupción. Esos requisitos ya fueron subsanados, y ahora el Consejo de Estado corrió traslado al senador para que, en un plazo de cinco días, se pronuncie sobre la solicitud de pérdida de investidura y solicite las pruebas que considere pertinentes y conducentes.
El escándalo de 'las marionetas'
La Corte Suprema de Justicia halló culpable al senador del delito de cohecho propio y concierto para delinquir, y lo absolvió por interés indebido en la celebración de contratos. La red clientelar enlodó al Congreso pasado, con el direccionamiento ilegal de contratos a través de parlamentarios y algunos de sus asesores, en connivencia con funcionarios de entes territoriales en las regiones donde tenían su caudal político.
Los hechos por los que fue llamado a juicio y condenado por la Sala Especial de Primera Instancia se remontan a 2021, cuando se habría pactado la negociación criminal en la que intervinieron Pablo César Herrera, asesor de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, y el senador Ramírez. En ese encuentro, el entonces directivo le expuso al hoy condenado los avances y resultados de un contrato de gerencia suscrito entre esa entidad y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
La demanda pide decretar su pérdida de investidura —conocida como la 'muerte política'— por la presunta indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias, conductas que, según el demandante, configuran una de las causales para despojarlo de su curul.
Posteriormente, el 13 de octubre de ese año, Herrera se habría reunido con Ramírez y con Pierre García, exsubdirector del DPS, para discutir la posibilidad de suscribir un nuevo contrato interadministrativo de gerencia integral entre el DPS y Proyecta.