Un operativo sin precedentes en el sistema pensional colombiano
El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un proyecto de decreto que busca trasladar de manera inmediata más de 25 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones, generando una alerta contundente por parte de la Contraloría General de la República. La entidad cuestiona la viabilidad jurídica del decreto y advierte sobre los riesgos que implica su ejecución.
La Contraloría señala la inviabilidad jurídica y los riesgos fiscales
Según el organismo de control, la implementación del decreto contraviene la normativa vigente, especialmente el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y el Decreto 1225 de 2024 que reglamenta dicho artículo. La Contraloría explica que ordenar el traslado total de los recursos es jurídicamente inviable, ya que la mayoría de los afiliados que cambiaron de régimen aún no han adquirido el derecho a la pensión.
- 119.496 personas realizaron el traslado de régimen dentro de la ventana legal, pero solo 18.507 han alcanzado la edad de pensión.
- Un traslado generalizado podría convertir el ahorro pensional en gasto corriente, incrementando el pasivo pensional del Estado.
- El decreto plantea un plazo de 15 días para el traslado, lo que podría forzar la liquidación de inversiones y derivar en detrimentos patrimoniales.
Expertos legales advierten sobre consecuencias para funcionarios
El exmagistrado Aroldo Quiroz recomendó esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional antes de ejecutar el decreto, advirtiendo que insistir en su implementación podría llevar a su suspensión judicial, como ocurrió con el decreto del salario mínimo.
El abogado Fabio Humar señaló que aunque los decretos presidenciales tienen presunción de legalidad, los funcionarios que ejecuten el decreto pese a las advertencias de irregularidades podrían enfrentar investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.
“Los funcionarios que en contravención a lo señalado procedan a ejecutar el decreto pueden estar incursos luego en investigaciones disciplinarias, penales y fiscales.”
Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, alertó que el traslado abrupto sin una entidad técnica preparada podría utilizar el ahorro de los trabajadores para financiar gasto corriente, aumentando el pasivo pensional y la carga fiscal para futuras generaciones.
“Una decisión como la que se impulsa, desde el punto de vista jurídico es difícil de explicar en su racionalidad y en su conveniencia y muy difícil de justificar desde el punto de vista legal.”
El impacto en la comunidad y el llamado a la prudencia
La Contraloría y expertos han prevenido sobre los riesgos y posibles detrimentos patrimoniales que puede generar la ejecución del decreto. Los servidores públicos que ignoren estas alertas se exponen a procesos disciplinarios y penales, además de un impacto negativo en la estabilidad del sistema pensional y la confianza de los afiliados.